El Consejo de la Judicatura presentó la plataforma interactiva on-line, FEMICIDIOS.EC, un portal de libre acceso para la ciudadanía que contiene información estadística sobre femicidios y otras formas de muertes violentas contra mujeres en el Ecuador, así como el seguimiento procesal de estos casos. Así lo destacó la titular de la CJ, María del Carmen Maldonado. “Ya nunca más tendremos que estar preguntando qué paso con este caso, se suspendió la audiencia? Toda la información está en esta herramienta”.

La Ministra de Gobierno y delegada del Presidente de la República, Alexandra Vela, destacó la importancia del aplicativo, al destacar que es una herramienta que permitirá el uso eficiente de estadísticas como base para la generación de políticas y acciones para la prevención de la violencia de género en el país. Reiteró la importancia de un trabajo en conjunto con todas las instituciones. “Si es que hay algún ecuatoriano que no se sienta directamente involucrado y responsable en esta lucha, no vamos a poder salir. Es indispensable que nos unamos todos”.

De su lado el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, manifestó que el femicidio es la máxima expresión de la violencia contra la mujer, por eso se requieren políticas públicas.  “La violencia va más allá de las mujeres y el sistema judicial. Es importante adoptar una política tecnológica, del Estado”.

La plataforma está ya disponible en la página web institucional www.funcionjudicial.gob.ec, en el micrositio Justicia en Cifras. Desde aquí, los familiares de las víctimas podrán dar seguimiento los casos, la Academia podrá hacer uso de la estadística con fines investigativos y las entidades pertinentes tendrán un punto de partida para la generación de política pública que responda a la realidad del país.

Un error administrativo en el trámite del juicio político contra el ex contralor Pablo Celi enfrentó a la presidencia de la Asamblea y la Comisión de Fiscalización. Por un lado la titular de la legislatura, Guadalupe Llori, indicó que no autorizó la prórroga para que se presente el informe que recomiende o no el proceso contra el ex funcionario, pues según dijo no se cumplieron los tiempos previstos en la ley. “Lo que procede en el marco jurídico, es que el presidente de la Comisión remita en el plazo de 2 días, a la presidencia, un informe que detalle la posición de los asambleístas miembros de la comisión”.

Sin embargo el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, indica que se cumplió con los trámites e incluso está listo el informe. Lo que sucedió, advierte, fue un error de la Secretaría de la mesa legislativa. “Esa responsabilidad es de la secretaria. No vamos a permitir que el juicio se caiga”.

Pese a ello, Llori advirtió que este proceso no quedará en el aire y será el pleno quien defina, pero antes calificó de negligente a la comisión de Fiscalización. “No dejar en la impunidad el juicio político pese a la negligencia cometida por el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio”.

Villavicencio rechazó este pronunciamiento y mencionó que a su criterio se busca deslegitimar su trabajo por las investigaciones que abandera en temas de fiscalización. “Si no se presentaba este error, se hubieran inventado otro. El objetivo es sacar a Villavicencio, echar abajo el juicio a Celi porque aquí investigamos temas de fondo como Inapaper, Coca Codo Sinclair….hay interpelantes que son accionistas de empresas corruptas que tienen informes con responsabilidad penal como Ricardo Vanegas”.

Añadió que cumplirán con el requerimiento de Llori y en un plazo de dos días entregarán un informe de posiciones, basado en el documento sobre el juicio político que ya estaba listo y recomienda la censura. “Recomienda remitir a la Fiscalía que inicie acciones penales por sustracción de documentos de la Contraloría”.

Por este error en la notificación, el juicio político ya no seguirá el proceso “normal”. El primer paso será que la misma Comisión de Fiscalización apruebe el informe con las “posiciones” de los miembros de la mesa.

La bancada le Pachakutik se solidarizó con los pobladores de la comunidad de la Merced de Buenos Aires, en el cantón San Miguel de Urcuquí, en la provincia de Imbabura, luego que se registrarán enfrentamientos entre la fuerza pública y los habitantes, que rechazan las actividades mineras de una empresa trasnacional, así lo destacó el coordinador del movimiento indígena, Marlon Santi.

“La Bancada de Pachakutik pedirá a la comisión de DDHH para que se traslade y verifique la situación de los hermanos que se encuentran en estos días en procesos de luchas. No queremos que un Gobierno de encuentro tenga que hacer un desencuentro por una agenda que violenta derechos humanos, ambientales”.

 Los uniformados despejaron la vía de ingreso a Buenos Aires acogiendo una acción de protección a favor de la empresa, dispuesta la semana anterior por un juez de Quito. La sentencia dispone que la fuerza pública tome las medidas necesarias para garantizar el libre tránsito de los funcionarios de Hanrine, tema que fue critica por el asambleísta de Imbabura, Mario Ruiz. “500 policías para un pueblo de 100 habitantes y para qué, para cuidar intereses de una empresa trasnacional minera. Nos preocupa la actuación de los jueces”.

Pachakutik pide que se retire la fuerza pública para garantizar la paz y el respeto a la población de Buenos Aires dijo el jefe de bancada, Rafael Lucero. “Si nos quieren encontrar nos vamos a encontrar, señora ministra de Gobierno si usted está es porque el pueblo ecuatoriano le dio el voto. No le dio el voto la trasnacional”.

La población de Buenos aires se opone a que personas vinculadas a la minería legal e ilegal entren a la parroquia. La denominada resistencia pacífica contra la minería, que incluía el bloqueo de la carretera, inició hace más de 100 días en Buenos Aires.