El recorte presupuestario a Quito que prevé realizar el Gobierno, hasta el momento, asciende a USD 359 millones dijo el concejal Fernando Morales. Al señalar que está reducción afectaría a la realización de obras y a las administraciones zonales. Por ello considera como incorrecto que el alcalde Jorge Yunda, destine recursos a obras innecesarias como ´Quito a la Cancha´.

A su criterio hay una administración municipal inadecuada y al parecer el alcalde únicamente se centra en las obras que benefician a sus seguidores. Esto al referirse a los USD 8 millones que destinó para las ligas barriales en el proyecto ‘Quito a la Cancha´.

De igual manera, dijo, el presupuesto para las Fiestas de Quito podía ser menor si se contrataba directamente a los artistas y no se entregaba los eventos a intermediarios. Según Flores se podría haber destinado USD 200 o 250 millones pero el alcalde no escuchó las recomendaciones.

En cuanto al incremento del pasaje, Flores considera que Yunda logró el alza al poner al metro de Quito como pretexto. Asegura que la tarifa debía subir máximo a 30 centavos y duda que se cumplan los parámetros de calidad cuando en 1 año 7 meses no se ha registrado ningún cambio.

A más de USD 700 millones asciende la deuda del Gobierno a las Prefecturas por devolución del IVA, modelo de equidad territorial y otros rubros. Por lo que el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador pide al Ejecutivo un calendario de pago con el fin de que lleguen los recursos justos a cada prefectura para cumplir con las obligaciones, así lo indicó el titular de CONGOPE, Pablo Jurado, prefecto de Imbabura.

Las prefecturas, al igual que las alcaldías, están a la espera de la derogación de los acuerdos ministeriales para que quede sin efecto el recorte presupuestario. Y si bien, ambos buscan diálogos, el CONGOPE no se movilizaría según dijo Jurado. A su criterio salir a las calles en medio de la pandemia, sería irresponsable.

Además que no hay las condiciones para que 221 alcaldías y 23 prefecturas realicen una gran movilización que pondría en riesgo la salud de cada uno de los participantes. Considera que no es correcto llamar a la protesta, cuando en campañas comunicacionales han pedido que se queden en casa.

Sin embargo espera respuestas inmediatas ya que la deuda es grande y se requieren los recursos para cubrir sus obligaciones. Asegura que hay atrasos en salarios y si bien en su prefectura hay un fondo de ahorro con los que han podido sobrevivir 3 o 4 meses, el dinero se está acabando.

El Comité de Ética de la Asamblea Nacional no sólo podrá recibir denuncias de legisladores en contra de sus pares ante posibles actos de corrupción (como el denominado caso diezmos), sino que también tiene el deber de recibir y tramitar las denuncias que presenten funcionarios del parlamento, así lo explicó Fernando Callejas, legislador de CREO e integrante de este comité, recientemente conformado en respuesta a las reformas a la Ley de la Función Legislativa.

Callejas indicó que el hecho que un funcionario denuncie a un legislador no implica que entrará en juego su estabilidad laboral. Pues, aseguró que el organismo debe realizar una labor ética y responsable.

Al igual que otras mesas parlamentarias, explicó, el Comité deberá recibir pruebas de cargo, de descargo y elaborar un informe que deberá ser conocido por el pleno de la Asamblea y este organismo decidir si cabe una destitución del legislador que haya caído en actos de corrupción o archivar la causa.

Mas allá de la encomienda lo que determina la Ley, el comité tiene que eventualmente conocer y dictaminar un informe sobre denuncias presentadas contra un asambleísta que se haya alejado de lo que debe ser de un comportamiento ético y moral y ceñido a los que son nuestras atribuciones

Callejas explicó que la mesa se activará en cuanto exista una denuncia, aunque espera no ocurra. Por otro lado, precisó que el comité no podrá emprender una investigación de oficio sino únicamente cuando exista una denuncia.

La alcaldesa de Esmeraldas, Lucía Sosa informó que la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) convocó a una movilización para este martes 8 de diciembre del 2020 si el Gobierno no cumple hasta el viernes 4 a las 15h00 su compromiso de derogar los decretos ejecutivos 049 y 072 con los cuales se redujeron las asignaciones presupuestarias a los gobiernos seccionales.

«Con la presencia de los 135 alcaldes decidimos esperar este acuerdo, pero como no nos ha llegado ningún documento, hemos decidido convocar a los alcaldes, alcaldesas, a los servidores, trabajadores municipales y a la ciudadanía de los 221 cantones del país a una movilización nacional para el día martes 8 de diciembre del 2020 a las 10h00 que se dirigirá al palacio de Carondelet», precisó

Sin embargo, alcalde de Guaranda, Medardo Chimbolema, dijo que las declaraciones de Sosa responden a un criterio personal porque aún no es una decisión definitiva del colectivo.

En principio se habría planteado, incluso, realizar bloqueos en todos los cantones «a la cual nosotros habíamos objetado porque creemos que la responsabilidad no está en la ciudadanía. Si hacemos los bloqueos quienes van a salir perjudicados es nuestra población», dijo.

Explicó que Sosa fue delegada a mantener la sesión permanente durante cuatro horas, mientras Raúl Delgado, presidente de la AME y otros integrantes del organismo mantenían una reunión con autoridades del Ejecutivo, pero la decisión final sobre las acciones se las tomaría en conjunto. De hecho, comentó que el cronograma establecido por la AME nacional señala esperar hasta el lunes 7 de enero del 2020.

Explicó que las acciones en contra del Gobierno si no cumple con sus compromisos deberán ser consensuadas por las AME zonales para que sea un asunto orgánico y se demuestre la fortaleza de la institución nacional.

Entrevista Medardo Chimbolema: