Asambleístas exhortan al Gobierno una intervención urgente en el sistema carcelario

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Luego de los hechos violentos registrados en las cárceles del Litoral y Cotopaxi, que dejaron 21 privados de la libertad fallecidos, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea exhortó al Gobierno Nacional una intervención urgente al sistema de rehabilitación social. Así lo indicó el presidente de la mesa, Ramiro Narváez, quien considera que la crisis requiere una respuesta jurídica y política.

“No tenemos a quien pedirles cuentas de lo que está pasando. Señor presidente exigimos una intervención inmediata y una política pública que garantice un cambio estructural. Lo que sucede en las cárceles, se traslada a nuestras calles, nuestros barrios”, dijo el asambleísta Narváez.

El exhorto además busca, resaltó la legisladora Geraldine Weber, que se modernice el sistema de seguridad porque es ahí donde se pierde el control y se permite el ingreso de armas. “No hay ningún tipo de seguridad, faltan agentes, policías. No hay videocámaras, ni escáner, es manual el tema de registro”, lamentó.

Además destacó que el problema nace por el hacinamiento de presos, que se repite en todos los centros pero en la Litoral hay más de cinco mil reos sobre la capacidad. “Hay que recategorizar, hay 7 mil personas sin sentencia mientras tanto aprenden a delinquir. Los 12 pabellones tienen una hacinamiento de 5 mil personas”.

La comisión adelantó que en los próximos días deberá comparecer la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, para que se refiere a la crisis penitenciaria. Ahí se solicitará un estado de excepción focalizado en las cárceles del Ecuador que han presentado los últimos hechos violentos, dijo la asambleísta Patricia Nuñez. “Antes que un estado de emergencia, un estado de excepción, son tres cárceles”.

Entre otras cosas el exhorto incluye el nombramiento urgente del representante del Gobierno en el Directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social, que actualmente en acefalía, así como la asignación inmediata de recursos económicos y también un plan de intervención urgente a los centros carcelarios.