Presidente otorga indultos a sentenciados por infracciones de tránsito y enfermedades graves

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Con el fin de reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios, el presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó indultos a favor de toda persona privada de libertad (PPL) que haya sido sentenciada por las infracciones previstas en los artículos 383 o 386 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Se trata de sentencias por infracciones de tránsito, en donde no se registren muertes ni lesiones. Puede ser por conducir un vehículo cuyas llantas se encuentren lisas o en mal estado, conducir sin haber obtenido licencia; el conductor que falte de obra a la autoridad o agente de tránsito; y el conductor que exceda los límites de velocidad.

Razón por la que el abogado y ex subsecretario de Rehabilitación, Christopher Gallegos, califica este anuncio como venta de humo, ya que no soluciona el problema de hacinamiento. “Son penas de 15 o 3 días…el indulto dura menos de tres meses, estas personas no están en los centros con hacinamiento…esto no va a sofocar la crisis carcelaria que el presidente se comprometió a enfrentar”.

Lasso también concedió el indulto presidencial a las PPL con enfermedades catastróficas, pero Gallegos aclaró que “para que esas personas se hagan del beneficio, personas que tengan enfermedades con Sida, cáncer y más, tienen que estar en la etapa terminal, si no lo están no serán beneficiarios del indulto”.

A criterio del experto, este decreto debería estar dirigido a personas con delitos menores, no a quienes tengan contravenciones de tránsito. “Hay que indultar a personas que han sido detenidas y pesa penas de la libertad de un año por haber sido sorprendido con un gramo de cocaína, cuando estas personas evidentemente son consumidoras”.

El Artículo 2 del Decreto señala que para ser beneficiario del indulto Presidencial la persona privada de libertad deberá cumplir los siguientes requisitos: tener sentencia condenatoria ejecutoriada o no tener procesos penales pendientes en su contra. El SNAI deberá verificar la identidad de las personas privadas de libertad que puedan acceder al beneficio. Una vez comprobada esta información se remitirá a la autoridad judicial competente el informe para que se proceda a la excarcelación.