Álvaro Román aspira que la Corte Constitucional resuelva en derecho a su favor para ocupar la Presidencia del Consejo de la Judicatura

Álvaro Román espera que la Corte Constitucional resuelva en derecho a su favor a fin de que pueda ocupar, como le corresponde legalmente, la presidencia del Consejo de la Judicatura, esto luego de que los jueces Carmen Corral, Jhoel Escudero y Enrique Herrería, jueces del tribunal de la Sala de Admisión del máximo tribunal constitucional del país, admitieron a trámite la acción extraordinaria de protección que presentó como vocal alterno de María del Carmen Maldonado, quien renunció a su cargo el 2 de febrero de este año.

“Lo que corresponde es que se elabore el proyecto de sentencia y la Corte Constitucional determine si se violaron mis derechos constitucionales. Espero que se pueda calificar como prioritario el caso para ser tratado por el Pleno de la Corte Constitucional, dada la crisis interna que vive el Consejo de la Judicatura, de lo contrario el tema podría dilatarse al menos un año”, dijo Román quien espera que los jueces resuelvan con celeridad y que se rompa con el tratamiento cronológico de los casos ya que se trata de un hecho de relevancia nacional.

Román también mantiene la expectativa sobre el juicio político de los vocales del Consejo de la Judicatura que se tramita en la Asamblea Nacional ya que si llegan a ser destituidos a él le correspondería asumir inmediatamente la presidencia del organismo judicial.

 

El 10 de febrero, Román presentó en la CC una acción de protección en contra del CJ con medidas cautelares para hacer valer su derecho a dirigir al organismo. Fausto Murillo ocupa, desde el 3 de febrero de este año, la presidencia del CJ.

Los magistrados de la Corte Constitucional consideraron que las alegaciones de Román contienen una carga argumentativa en la que se expone como tesis la supuesta vulneración de los derechos constitucionales a la seguridad jurídica y al debido proceso.

Corral, Escudero y Herrería, oficiaron a los jueces de la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito y de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, a que presenten su informe de descargo ante la CC en el término de diez días.