Por Gabriela Murgueytio – 15 de noviembre de 2022
El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió, este martes, 15 de noviembre de 202, dar paso al juicio político en contra de cuatro de los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
La decisión se tomó sin considerar el informe de la Comisión de Fiscalización, que recomendaba la censura y destitución de los siete miembros, pues este fue aprobado fuera del plazo legal, como lo había advertido la víspera Virgilio Saquicela, titular del Parlamento.
Así, los vocales que enfrentarán una posible censura y destitución en juicio político son: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, considerados afines al Gobierno de Guillermo Lasso.
Por iniciativa de Mireya Pazmiño, del ala rebelde de Pachakutik, El Pleno resolvió dejar fuera del juicio político a Sofía Almeida, David Rosero y Juan Javier Dávalos, por iniciativa de Mireya Pazmiño, del ala rebelde de Pachakutik. La moción obtuvo 84 votos a favor, de UNES, el PSC, parte de la ID y de Pachakutik, que votaron divididos.
Estos tres vocales integran la minoría del Consejo de Participación, y son identificados por su cercanía a UNES, el PSC y la facción rebelde de Pachakutik.
José Chimbo, asambleísta de Pachakutik mocionó el juicio político para los siete vocales del CPCCS, pero no obtuvo los votos necesarios.
Ana Belén Cordero, presidenta de la Comisión de Fiscalización encargada defendió el procedimiento llevado a cabo en esa mesa legislativa respecto a la unificación del juicio político para todos los integrantes del CPCCS. Añadió que no se puede realizar un juicio político a la carta
La resolución además pidió una nueva sanción para el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, por haber remitido el informe fuera de tiempo.
Con esto, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, tendrá cinco días para convocar al juicio político. Para la censura se necesitan 70 votos.
