Por Gabriela Murgueytio – 16 de noviembre de 2022
Una vez que 84 legisladores aprobaron el juicio político en contra de los cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), al interior de la Asamblea hay cuestionamientos por la falta de un informe que viabilice el proceso.
Ricardo Vanegas quien propuso el juicio político contra los siete miembros del CPCCS asegura que legalmente no se puede tomar una decisión porque no hay un informe sobre el cual proceder la interpelación, que está prevista que inicie el viernes, 18 de noviembre a las 14h30.
Dalton Bacigalupo de la Izquierda Democrática coincide con ese criterio.
Paola Cabezas de UNES dice que de esto tienen que responder los integrantes de la Comisión de Fiscalización que ahora está temporalmente presidida por Ana Belén Cordero. Para esta legisladora lo actuado por el Pleno Legislativo tiene validez jurídica.
Pedro Velasco de la comisión de fiscalización dice que no le queda claro cómo es que se va a desarrollar el juicio político contra los cuatro consejeros, Hernán Ulloa, María Fernanda Ribadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo porque la sustanciación al interior de la mesa legislativa estuvo dirigido para interpelar a los siete integrantes del Consejo de Participación.
Mientras tanto, el ministro del Interior, Francisco Jiménez calificó de un descaro la aprobación del juicio político a los cuatro de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Durante una entrevista concedida a Teleamazonas, Jiménez dijo que se trata de un juicio político a la carta que persigue intereses corporativos del Partido Social Cristiano y de Unión por la Esperanza que ahora se han unido para cooptar la Contraloría General del Estado.
El Ministro reiteró que el Gobierno tiene la obligación de luchar para que no existan intereses de organizaciones partidistas. Sobre todo, cuando transcurre el concurso público para designar al titular de la Contraloría.
Jiménez dijo tajantemente que el Gobierno no permitirá que sea elegido un Contralor a la medida de los partidos políticos antes mencionado porque no puede repetirse la historia de un funcionario que encubra y participe de los actos de corrupción en esa institución de control Estatal.
Hasta el 25 de noviembre está abierta la convocatoria para inscripciones de postulantes.
