Dos grupos legislativos investigan la supuesta trama de corrupción en el sector eléctrico

Por Lucía Clavijo – 20 de enero de 2023

 

 

La supuesta trama de corrupción que existiría en las empresas públicas del sector eléctrico ha provocado que en la Asamblea los legisladores se disputen la investigación. Apenas se conocieron los audios en los que se señalaba al cuñado del presidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera, como el líder de esta supuesta organización, la Comisión de Justicia, presidida por Alejandro Jaramillo, se hizo cargo del tema. 

Sin embargo, días después, con 94 votos a favor el pleno del parlamento conformó una comisión ocasional multipartidista, aún cuando la ley orgánica de la función legislativa lo prohíbe, y tomó el caso. Dicha mesa está integrada por 7 asambleístas de la Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, independientes y del propio partido de Gobierno y aún cuando han prometido transparencia el discurso no termina de convencer al resto de parlamentarios. 

En diálogo con Sonorama, Jaramillo criticó que aún no hayan instalado una sesión, ni se defina una hoja de ruta tomando en cuenta que algunos de los involucrados ya no se encuentran en el país. 

La Comisión de Justicia ya contaba con informes y comparecencias de las autoridades del régimen. De allí que Jaramillo cuestiona los intereses detrás de esta comisión. 

A la par, el denominado Frente Parlamentario Anticorrupción también investiga el caso, de hecho, sus integrantes han ido más allá y han solicitado a la Contraloría General del Estado una auditoría a casi 4 mil contratos firmados entre 2020 y 2022 en el sector eléctrico. Así lo explica el legislador Ricardo Vanegas, uno de los legisladores miembros de este frente. 

Vanegas coincide en que la mesa conformada en la Asamblea no tiene el afán de llegar a la verdad, sino de ocultarla, pues dentro de esta trama también se señala a funcionarios del Gobierno de Correa y a Ronny Aleaga, actual legislador de sus filas. 

De su parte Diego Esparza, integrante de la comisión ocasional, defiende su conformación y explica que prevén reunirse en el transcurso de este fin de semana. Esparza dice que la comisión garantiza transparencia en el caso. 

La polémica comisión tiene 30 días para emitir un informe al pleno de la Asamblea que podría recomendar el inicio de juicios políticos y también, de ser el caso, remitir los resultados a la Fiscalía para abonar la indagación previa.