Por Gabriela Murgueytio – 20 de marzo de 2023
Con 5 votos a favor y dos abstenciones el CAL calificó y dio trámite la petición de juicio político al presidente Guillermo Lasso por supuesto delito de concusión y peculado. El expediente pasará a la Corte Constitucional para el informe de admisibilidad.
Darwin Pereira, integrante del CAL, indicó que es momento que la Corte Constitucional sea la que le de una salida democrática a la crisis política generada por las omisiones del Presidente Lasso ante los actos de corrupción en su Gobierno. Este martes, será remitido el pedido al máximo tribunal constitucional del país.
El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.); la primera vicepresidenta, Marcela Holguín (Unes); el segundo vicepresidente, Darwin Pereira (Pachakutik), al igual que los vocales Esteban Torres (Psc) y Ronny Aleaga (Unes), votaron a favor.
Las vocales Nathalie Arias (Creo), del oficialismo, y Johana Moreira, de la Izquierda Democrática (ID), se abstuvieron.
Moreira se abstuvo porque a su criterio, los errores con los cuales fue presentada la petición no fueron subsanados
Viviana Veloz, de UNES, una de las posibles interpelantes del Jefe de Estado, y quien firmó la petición espera que la Corte Constitucional actué jurídicamente y no de forma política y emita el dictamen de admisibilidad.
Para Veloz el Presidente Lasso habría incurrido en las causales del artículo 129 de la Constitución por haber cometido concusión y peculado.
Para el oficialismo no existen las causales para enjuiciar políticamente al Presidente Lasso. Juan Fernando Flores sostiene que se han inventado delitos que no están tipificados en el Código Integral Penal (COIP).
Audio Juan Fernando Flores
Nathalie Arias indicó que lo que ha hecho la oposición es fraguar un juicio político en contra del Primer Mandatario porque tienen la ambición de sentarse en el sillón presidencial en Carondelet.
El expediente irá a la Corte Constitucional para un dictamen de admisibilidad. Si es favorable, esta causa deberá ser sustanciado por la Comisión de Fiscalización, caso contrario se archivará.
De acuerdo con la Ley de Garantías Constitucionales, la Corte tiene un plazo de seis días para pronunciarse, una vez que reciba la solicitud.
