Por Gabriela Murgueytio – 12 de diciembre de 2022
El Gobierno es optimista en que la consulta popular pueda contar con el apoyo de un porcentaje superior al 60% de la población y se va a convertir en un parámetro claro para sacar a la luz quiénes se oponen a la gran transformación institucional que propone el Ejecutivo y a los cambios necesarios en seguridad que está planteando el Presidente Lasso a partir de las ocho preguntas que serán consultadas a la ciudadanía en las urnas en febrero de 2023, así se pronunció la Viceministra de Gobernabilidad, Ana Changuín.
Changuín señaló que el Gobierno empezará a trabajar para que la consulta popular no se politice al coincidir con el proceso electoral de las seccionales.
Los integrantes de la Plataforma por la Condonación de Deudas de agricultores, artesanos y emprendedores que persigue que se condonen deudas por hasta USD 10 000 rechazan la consulta popular del Gobierno.
Gary Espinoza, Presidente de la Fenocin que forma parta de este colectivo señaló que le dirán ocho veces no al Gobierno puesto que las preguntas que plantea no resuelven los problemas de inseguridad y tampoco los de la crisis del sistema judicial.
La propuesta de reducir los asambleístas para Espinoza tampoco garantiza la calidad de legisladores y su trabajo. Tampoco está de acuerdo en que sea la Asamblea Nacional la que se encargue de la elección de las autoridades de control.
Desde el Consejo Nacional Electoral, su vicepresidente, Enrique Pita informó que en los próximos días está prevista enviar la orden al Instituto Geográfico Militar para la impresión de papeletas para la Consulta Popular y también para los aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social una vez que han pasado la fase de impugnación de candidaturas.
