María Gabriela Murgueytio – 5 de agosto de 2022

Diego Ordóñez, recientemente posesionado como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado, dio a conocer que luego de casi cinco meses de trabajo, el Gobierno tiene prácticamente terminado el borrador de un Plan de Defensa y de Seguridad Integral que contiene varios proyectos referentes al tema y que han surgido luego de hacer un análisis de la situación actual, así como un diagnóstico y haber elaborado las estrategias, objetivos y acciones coordinadas con las distintas instituciones estatales para combatir al crimen organizado a escala nacional, al cual se lo considera como una amenaza a la seguridad del Estado.

“Ya tenemos un primer borrador de un Plan de Defensa y de Seguridad Integral que ha sido trabajado en los últimos cinco meses con una serie de proyectos, entre ellos uno que hace referencia al involucramiento a Estados Unidos y Europa, países consumidores de droga y al que se exporta el alcaloide, para que apoyen económica y logísticamente y se involucren en el combate al narcotráfico y al crimen organizado. Para todo esto es necesario una estructura de coordinación y por eso nació la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado que necesitó de un diagnóstico previo y de un plan claro de ejecución. Este no es un trabajo que recién va a empezar, porque ya ha iniciado con un análisis previo del marco legal y de las capacidades operativas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas a través de sus ministerios rectores como son el Ministerio del Interior y el de Defensa”, dijo Ordóñez.

Además, Ordóñez, indicó que la institución gubernamental nace con el objetivo de, ante la presencia del crimen organizado en el país, dar una respuesta coordinada de las instituciones públicas del Estado encargadas de la seguridad, tales como Policía, Nacional Fuerzas Armadas, UAFE, ministerios, Ecu911, aduanes, SRI y también de las instituciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS), porque no se puede atacar un mal tan grave con acciones aisladas y desarticuladas.

“Hay que entender que Fuerzas Armadas y Policía se juntan cuando es necesario precautelar el orden interno en sus capacidades constitucionales extraordinarias y también cuando se requiere defender el país del crimen organizado que es considerado como una amenaza para la seguridad del Estado. La idea es que los operadores de defensa se conviertan en fuerzas complementarias articuladas en sus capacidades operativas, económicas, logísticas y de recursos humanos, para dar una respuesta mucho más coordinada, integral y contundente ante las bandas criminales vinculadas a redes internacionales del narcotráfico que están operando en territorio ecuatoriano”, subrayó Ordóñez.

Respecto a la Ley del Uso Progresivo de la Fuerza cuyas objeciones del Ejecutivo así como el informe no vinculante de la Comisión de Soberanía y Seguridad que se tratan en la Asamblea Nacional y sobre los cuales no hay los votos suficientes y podría entrar por el Ministerio de la Ley, Ordóñez cuestionó el accionar de los asambleístas a quienes les acusó de poner sus intereses políticos, ideológicos y partidistas por encima del interés nacional y que, en esa medida buscan debilitar la respuesta del Estado ante el crimen y ante la violencia presente en la protesta social. En ese marco, rechazó el posible juicio político anunciado por el Parlamento al Ministro del Interior, Patricio Carrillo a quien lo acusan de haber ordenado combatir con violencia a los manifestantes durante la movilización indígena de junio pasado