Por Gabriela Murgueytio 22 – de agosto de 2022
La Comisión de Fiscalización no consiguió los votos para aprobar el informe que recomendaba el archivo del juicio político contra el Consejo de la Judicatura, razón por la cual, la mesa remitirá al Pleno de la Asamblea un informe con las posiciones de los asambleístas a fin de que ahí se defina si procede o no la censura de los vocales de la judicatura, así lo explica Ana Belén Cordero, vicepresidenta del órgano fiscalizador.
Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, asegura que no se justifica llamar a juicio político al Consejo de la Judicatura como propone el correísmo ya que la evaluación de jueces y conjueces y su consecuente remoción realizada por los vocales del organismo fue apegada a norma constitucional. Ese fue el motivo por el cual se inició el proceso fiscalizador.
Frente a ello, el correísmo y los socialcristianos iniciaron una cruzada para alcanzar los 92 votos para censurar y destituir a tres vocales del Consejo de la Judicatura (CJ). Luis Almeida del PSC denunció que la administración de la justicia pretende dar un golpe de Estado, con la restitución de la presidencia del Legislativo de Guadalupe LLori para salvar a los vocales del consejo de la judicatura del juicio político.
Almeida señaló que la restitución de Llori se cristalizaría a través de la jueza, María del Carmen Salazar, de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en Quitumbe.
Mientras tanto Un nuevo escándalo golpea a la administración de justicia. Un audio filtrado en redes sociales reveló que el vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, pretendía nombra a 20 jueces de la Corte Nacional.
En el audio se escucha a Morillo hablando sobre la necesidad de financiamiento y liquidez para impulsar el presunto nombramiento de los jueces y conjueces de la Corte.
“Vamos a nombrar a la Corte Nacional, al menos, a 20 personas. Y ahí sí, ya suena, ya suena. Entonces estoy pidiendo el financiamiento, esperemos que salga bien, pero yo no quiero irme más allá de mediados de junio, ya que convoquen. Porque no voy a alcanzar a tener liquidez en diciembre y estar designando jueces y conjueces”, dijó Morillo en el audio.
No es el único escándalo que salpica la gestión de Morillo. A finales de junio de 2022, se revelaron presiones de parte de Morillo sobre el titular de la Corte Provincial de Pichincha, Gustavo Osejo, que, en ese momento, manejaba la causa de destitución de Guadalupe Llori.
Morrillo, incluso, habló a nombre del propio presidente de la República Guillermo Lasso. Según Morrillo, el Primer Mandatario bogó por la expresidenta del Legislativo para que no sea destituida del cargo.
El informe que recomendaba el archivo del juicio político y que no fue aprobado por la Comisión de Fiscalización señala que una vez revisado el expediente y escuchadas las intervenciones por parte de la asambleísta Viviana Veloz, así como las comparecencias de María del Carmen Maldonado, en su calidad de expresidenta del Consejo de la Judicatura y Fausto Murillo, Maribel Barreno y Juan José Morrillo, en su calidad de vocales, la Comisión de Fiscalización y Control Político, no encontró causales para censurarlos ya que la solicitante no ha demostrado, a través de la práctica del acervo probatorio, que los mencionados funcionarios cuestionados hayan incurrido en incumplimiento de funciones.
