por Gabriela Murgueytio – 06 de Abril de 2022
Salazar señaló que, de la revisión preliminar que hizo a las denuncias presentadas por algunos legisladores en contra de Guadalupe Llori y los restantes seis integrantes del CAL, evidencia que cometieron un error jurídico insalvable porque lo hicieron contra los siete miembros del órgano legislativo y ellos, al no tener suplentes, no es posible que se juzguen a sí mismos.
“Tal vez por el apuro de presentar la denuncia no se percataron no podía hacer una denuncia contra los 7 miembros del CAL porque ellos, por un lado, no pueden ser jueces y parte por otro lado, si ellos se juzgan así mismos el órgano calificador se quedaría sin sus integrantes y esto causaría la desintegración de la estructura de la Asamblea”, reveló Salazar.
A criterio de Salazar para que las denuncias puedan ser procesadas se requiere de una reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Respecto a las medidas cautelares interpuestas por Guadalupe Llori, para frenar la conformación de la comisión multipartidista adhoc dijo que eran justas y necesarias porque lamentablemente los acontecimientos previos a la sesión del Pleno del 05 de abril de 2022, determinaban que los legisladores iban a violar los artículos 18 y 166 de la ley de la Función Legislativa y el pronunciamiento del procurador del Estado, Íñigo Salvador.
“Las medidas cautelares buscaban proteger las presuntas amenazas a la seguridad jurídica de la Asamblea Nacional y al respeto del debido proceso”, señaló Salazar.
Salazar explicó que, para que los asambleístas puedan conformar la comisión multipartidista, que evalúe las acciones del CAL, deben cumplir un procedimiento legal y regulado constitucionalmente.
Dicho procedimiento consiste en presentar una denuncia formal que debe ser calificada por el CAL, para que luego ese informe pase a debate y aprobación del Pleno de la Asamblea y recién ahí, se podría dar paso a la conformación de la comisión evaluadora. En ese momento también quedarían sin efecto las medidas cautelares aprobadas por Tribunal de Garantías Penales del cantón Quito.
