Por Gabriela Murgueytio – 10 de noviembre de 2022
Los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS, rechazan el juicio político en su contra que fue aprobado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que recomienda su censura y destitución por incumplimiento de funciones.
Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación asegura que no existen fundamentos jurídicos para ser enjuiciados, es optimista de que en el Pleno de la Asamblea no existan los votos para destituirlos y pide a los legisladores prudencia tomando en cuenta que el país requiere de estabilidad institucional.
Los consejeros de minoría coinciden en que al menos ellos no han incumplido funciones y que por eso irán tranquilos al Parlamento a demostrar su inocencia porque el que nada debe, nada teme. Lo que sí irán a demostrar que Hernán Ulloa, al ser un funcionario que responde a los intereses del Gobierno de Guillermo Lasso es el responsable de haber retrasado los procesos de selección de todas las autoridades de control y de que las que están en funciones subrogadas continúen en sus cargos. Así lo manifestaron tanto David Rosero como Sofía Almeida.
Para Sofía Almeida esta intervención del Gobierno en el organismo está muy ligado con su deseo de limitar las funciones del CPCCS y que se ha convertido en el corazón de la consulta popular que promueve el régimen.
Si es que uno o más vocales del Consejo de Participación son censurados y destituido, Ulloa estima que los procesos de selección que ya está en avanzados deberían continuar y no ser echados abajo.
Para viabilizar el juicio político en el pleno se requieren de 70 votos mientras que para la destitución de los vocales se necesitan de 92 votos. El tratamiento del tema no ha sido aún puesto en el orden del día por parte de Virgilio Saquicela, titular del Parlamento.
