Por Gabriela Murgueytio – 14 de septiembre de 2022
La pregunta 6 de la consulta popular que impulsa el Gobierno lo que promueve es un hiperpresidencialismo peligroso que rompe con el concepto de participación ciudadana para la designación de 77 autoridades de control, lo que generaría mayor inseguridad jurídica y política, además de profundizar la debilidad institucional. En ello coinciden varios analistas jurídicos.
En diálogo con Sonorama, durante el debate Cara y Cruz los juristas Esteban Ron, Ximena Ron y Néstor Toro aseguraron que, con la pregunta 6, respecto a restarle al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la potestad para nombrar a las autoridades de control y traspasársela a la Asamblea Nacional, ocasionaría un efecto contrario al que supuestamente busca el Gobierno de fortalecimiento institucional.
La jurista Ximena Ron sostuvo que en las preguntas de la consulta popular no se ve una finalidad de fortalecer la institucionalidad del Estado por parte del Gobierno porque concentra en el Ejecutivo la potestad para seleccionar al Fiscal General del Estado, al Contralor, al Procurador y al resto de autoridades de control promoviendo así el hiperpresidencialismo, lo cual mata la deliberación democrática y participación ciudadana.
El jurista Néstor Toro Hinostroza, coincide con esta visión y asegura que es muy peligroso ya que como está planteada la pregunta 6 promueve un hiperpresidencialismo camuflado ya que lo que persigue es que termine ganando siempre el candidato de preferencia del Presidente de la República. La Asamblea Nacional se convertiría en una mera tramitadora para elegir a las autoridades de control de las ternas que el Ejecutivo envíe.
“El gobierno no necesitará de una mayoría sino más bien trabajar en destruir una mayoría que vaya en contra del deseo de sus candidatos, dijo Toro.
Esta reforma no es un cambio simple, sino que implican 109 cambios normativos a la Constitución.
Esteban Ron, especialista electoral, indicó que el buscar cambiar la forma de designación y nombramiento de las autoridades de control va a tener un efecto inmediato porque, de ser aprobada la pregunta 6, se detendrían todos los procesos de selección que estén abiertos en el CPCCS y las autoridades subrogantes permanecerían en sus cargos de manera indefinida hasta que entren en ejecución los cambios, lo que ocasionaría in caos institucional.
Finalmente, en lo que coinciden los tres analistas es que las preguntas de la consulta popular no van a resolver los graves problemas que tiene el Ecuador y además, la votación del pueblo va a ser emocional y no racional y eso es un riesgo porque reformar la Constitución demanda una responsabilidad enorme y a largo plazo y no debería hacérselo mediante una consulta popular.
