Por Gabriela Murgueytio – 19 de agosto de 2022
En diálogo con Sonorama, Jossueth Almeida, subsecretario de Asuntos Regulatorios de la Presidencia de la República, dio a conocer que todas las posibilidades están al momento, en la mesa de análisis del Gobierno sobre las Reformas a la Ley de Comunicación. Una de ellas, es el veto total que no está descartado y será el Presidente Lasso quien tome la última decisión.
Almeida señaló que el veto parcial es una posibilidad también ya que al Gobierno le preocupa que, si envía un veto total, después de un año, la Asamblea pueda aprobar una ley mordaza a su medida y sin contar con el ejecutivo.
Una de las opciones es la objeción parcial mixta para obtener el criterio de la Corte Constitucional en aquellos artículos de las reformas que se consideran más atentatorios para la libertad de expresión. Uno de ellos es aquel que se refiere a convertir a la Defensoría del Pueblo en una suerte de comisaría o policía de la verdad de aquello que publican los medios de comunicación.
El presidente de la Unión Nacional de Periodistas, Cristobal Peñafiel, cree que un veto parcial sigue siendo riesgoso para la libertad de expresión porque el texto de 55 artículos permite entre otras cosas, sanciones civiles y de cualquier índole a periodistas y empresas de comunicación.
La autorregulación también es uno de los artículos que tiene observaciones de parte del Ejecutivo porque difiere mucho del texto del proyecto de Ley original que envió Guillermo Lasso a la Asamblea, el 24 de mayo de 2021.
Mientras tanto, en la Asamblea Nacional el bloque de UNES hace esfuerzos por conseguir los 92 votos que se requieren para ratificarse en los textos aprobados por el Pleno el pasado 21 de julio, porque según Marcela Holguín las reformas no atentan contra la libertad de expresión ya que defiende a los trabajadores de los medios de comunicación social, la pluralidad de voces, que se mantenga el concurso de frecuencias y de éste se beneficien los medios comunitarios.
Se prevé que el texto final del veto que enviará el Ejecutivo esté listo hasta el lunes, porque solo tiene plazo hasta el 24 de agosto para pronunciarse.
