Por Gabriela Murgueytio – 10 de mayo de 2022
Rosana Alvarado, exministra de Justicia asegura que, en la actualidad, no podemos hablar de la existencia de un verdadero sistema de rehabilitación social en el país, sino únicamente un sistema carcelario punitivo y represivo que no busca la reinserción de los ppl en la sociedad.
“Sin duda la desarticulación de la institucionalidad ha sido un factor que ha golpeado el sistema penitenciario y que lo ha convertido en una barbarie. Ya no se lo puede llamar sistema de rehabilitación social, sino únicamente un sistema carcelario que no se da cuenta de que, si bien los ppl han perdido algunos derechos, no han perdido su dignidad como seres humanos y tampoco su derecho a que sus garantías constitucionales sean respetadas”, señaló Alvarado.
Según Alvarado, al momento, la violencia, las bandas delictivas y el crimen organizado son las que están delineando la política carcelaria y de rehabilitación social que se limita a ser reactivo, represivo, combativo y no preventivo.
La exsecretaria de Estado se cuestionó “¿En qué parte de la política pública está el sistema de rehabilitación? ¿Cómo tiene el Gobierno de Guillermo Lasso su plan integral de rehabilitación social, con qué presupuesto cuenta? ¿De qué servicios hablamos al interior de las cárceles? ¿Cuántas personas están con prisión preventiva, cuando esta medida es desproporcionada y debe estar dirigida a personas que representan un peligro para la sociedad?”
“Hay un porcentaje alto de ppls que están con prisión preventiva y no representan un peligro para la sociedad y más bien, al interior de las cárceles corren el riesgo de ser asesinados y son un factor importante para que el hacinamiento al interior de los centros penitenciarios siga creciendo”, mencionó Alvarado.
A criterio de Alvarado, los centros de rehabilitación social se han convertido en una suerte de bodegas humanas. la cárcel de La Roca nunca ha cumplido con los estándares de seguridad máxima, sino todo lo contrario. Además, no se tiene claro cuál es el sentido de los traslados de los cabecillas de las bandas hacia la cárcel de máxima seguridad porque es evidente que luego van a aparecer otros líderes.
“Se reconoce que hay disputas del crimen organizado dentro y fuera de las cárceles, pero el Gobierno no puede endilgarles únicamente a ellos la responsabilidad de la inseguridad en las cárceles. No se ha implementado un sistema de inteligencia penitenciaria que le permita al Estado cotejar datos y levantar alertas penitenciarias para evitar que las masacres sigan sucediendo cada mes o cada dos meses”, indicó Alvarado.
