Por Gabriela Murgueytio – 30 de enero de 2023
Los resultados de las encuestas dan cuenta de que el referéndum para la consulta popular que propone el Presidente Lasso, lejos de convertirse en un plebiscito a favor o en contra del Gobierno, sino que la población sí ha podido hacer la diferencia entre lo que son los temas de interés del país y los que son de interés del régimen que en dos años estará fuera del sillón presidencial, así lo menciona la comunicadora política, Gabriela Panchana.
En diálogo con Sonorama, Panchana destacó que la pregunta N0.5 sobre el cambio de funciones en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), es la columna vertebral de la consulta popular y es pertinente que el pueblo se pronuncie al respecto, puesto que no puede seguir en manos de cuatro vocales de mayoría, fácilmente cooptables por los intereses políticos, el poder de designación de 77 autoridades de control del Estado.
De allí que las preguntas deben verse en su integralidad e interconectadas entre sí, al menos las que tienen que ver con la institucionalidad del país, dice la experta política.
Panchana asegura que el mecanismo para elegir a las autoridades de control de Estado que propone el Presidente Lasso hacerlo a través de la Asamblea Nacional es mucho mejor que lo que ha ocurrido los últimos años con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque prevé un desbloqueo político en caso de que los legisladores quieran entrampar el proceso.
Panchana está de acuerdo en que la consulta popular no es la panacea ni resuelve temas más profundos como se quisiera, pero recordó que, para ello, habría que hacer reformas parciales de la Constitución y o acudir a una Constituyente y eso tomaría demasiado tiempo. Las ocho preguntas son pasos importantes para mejorar la calidad de democracia, empezando por mejorar la calidad de los partidos políticos y de sus candidatos. La experta asegura que no es el momento para ir a una Asamblea Constituyente.
Los ecuatorianos, el próximo 5 de febrero deberán elegir, alcaldes, prefectos, representantes de las juntas parroquiales, vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pero también deberán pronunciarse sobre ocho preguntas de referéndum. Los temas más polémicos son la extradición, y el proceso para la selección de autoridades de control.
