#EXCLUSIVA: Familia de Froylán Jiménez rechaza fallo judicial en el caso 30-S y asegura que los han dejado en indefensión

Por Gabriela Murgueytio – 22 de febrero de 2023

 

La jueza Luz María Ortiz dictó el sobreseimiento de nueve militares, quienes eran acusados por la muerte de un policía y dos militares, el 30 de septiembre de 2010 (30-S). La magistrada determinó que no existen indicios que demuestren la responsabilidad de los nueve procesados en esas muertes. Las víctimas en este caso fueron: el policía Froilán Jiménez y los militares Darwin Panchi y Jacinto Ortiz.

En diálogo con Sonorma, Washington Andrade, abogado de algunos de los procesados coincide con la jueza Ortiz en que la Fiscalía no habría presentado ningún elemento de convicción “que genere nexo causal”.

Andrade señaló que se consiguió dar un giro al caso 30S estableciendo la legitimidad de la actuación de las Fuerzas Armadas durante la revuelta policial.

Audio Andrade 3

Recordemos que Claudio Romero, fiscal a cargo del caso 30-S, había acusado a los militares del asesinato de Jiménez, Panchi y Ortiz. Sin embargo, en el proceso no se presentó ninguna pericia balística que demuestra que el arma que produjo la muerte de las víctimas haya sido usada por los procesados. Por esta razón, la jueza Ortiz llamó la atención a la Fiscalía.

Andrade informó que deliberadamente la Fiscalía omitió la compra de una carga de municiones de uso militar que fueron usadas por los policías sublevados.

Según esta información y una adicional podría determinar que fueron los policías sublevados los que asesinaron a Froylán Jiménez, dice Andrade.

Con el fallo de la juez Ortiz, las investigaciones del caso de la muerte de Froylán Jiménez prácticamente a foja cero.  Su hermana, Sandra Jiménez rechaza el auto de sobreseimiento porque como familia, los deja en indefensión. Asegura además que se ha vulnerado el deseo de que se haga justicia luego de 13 años.

Jiménez advirtió que ante lo que ella considera la inoperancia de la Fiscalía para dar con los responsables de la muerte de su hermano, acudirán a instancias internacionales como la CIDH.

En 2010, el Gobierno de Rafael Correa impulsó una reforma legal para incluir a los efectivos policiales y militares en la Ley de Servicio Público. El 30 de septiembre, varios uniformados iniciaron una protesta en los exteriores del Regimiento Quito. Hasta ese lugar, acudió Correa para conversar con los manifestantes. Pero los ánimos se caldearon y el exmandatario se refugió en el Hospital de la Policía, que queda a pocos metros.