Por Gabriela Murgueytio 06 de mayo de 2022
María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia denunció que existe una arremetida del Ejecutivo y del poder político en contra de la Corte Constitucional y su presidente Ali Lozada porque sus fallos apegados en derecho, les resulta incómodos a sus intereses.
“Diferentes sectores del poder público tales como el Ejecutivo, la justicia ordinaria y el Legislativo a través del asambleísta Fernando Villavicencio, se han unido en una cruzada de desprestigio, hostigamiento y presión a la Corte Constitucional. Es evidente a todas luces, que se trata de una campaña que lanza acusaciones a una institución que no le corresponde, por ejemplo, juzgar a los jueces corruptos, cuando esto le corresponde al Consejo de la Judicatura, y, lanzándole la responsabilidad sobre el incremento de la delincuencia, cuando su combate está en manos de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior”, señaló Miño.
Para la experta jurídica, actualmente, la Corte Constitucional es incómoda para el poder político, es incómoda para el Presidente de la República, Guillermo Lasso por sus sentencias sobre la Ley del Aborto en casos de violación y porque la Institución judicial tiene la potestad de frenar ciertos actos del poder público, como cuando controla estados de excepción o emite fallos de inconstitucionalidad cuando existen violaciones de derechos humanos.
“En ese sentido, cuando la Corte Constitucional puede convertirse en un freno a ciertas acciones del Ejecutivo, no es de sorprenderse que se recurra al hostigamiento, al insulto, al desprestigio de una institución y sus miembros que gozan de credibilidad y reconocimiento nacional e internacional para generar un rechazo de la opinión pública y para presionar a la más alta Corte para que ceda ante situaciones que el Gobierno requiera o para buscar reformas que le resten competencias a la Corte Constitucional y reducir así, el alcance del régimen de garantías constitucional en el Ecuador”, indicó Lolo Miño.
Miño insiste en que desde el Ejecutivo se quiere convertir en un chivo expiatorio a la Corte Constitucional para amedrentar y asustar a la máxima autoridad Constitucional del país que decida en favor de los intereses del Estado y de afectar la imagen pública institucional.
“Cada vez es más evidente la falta de control del Gobierno sobre la seguridad, la delincuencia y posible corrupción estructural dentro de la función Judicial. Estos temas se le han ido de las manos al Presidente Lasso quien no encuentra la forma exitosa de solucionar estos problemas y acude a argumentos infantiles para acusar de los mismos a gobiernos anteriores para deslindar responsabilidades. No hay un plan claro, con políticas públicas claras y estrategias claras que permita solventar la problemática de las cárceles, de la inseguridad en las calles y de la falta de transparencia den la función judicial”, finalizó Lolo Miño.
