Por Gabriela Murgueytio – 19 de octubre de 2022
Una vez que el Gobierno replanteó y dividió en dos la pregunta seis de la consulta popular referente a las atribuciones nominadoras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el mecanismo de selección para designar a las autoridades de control en forma compartida entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, a partir de proyectos de ley que presenten ambas funciones del Estado, genera varias inquietudes en algunos analistas y constitucionalistas.
En el debate Cara y Cruz mantenido en Sonorama, la principal preocupación para los juristas Jorge Peñafiel y Mauro Andino radica en la disposición transitoria de la propuesta del Ejecutivo que establece que las actuales autoridades de control permanecerán prorrogadas en sus funciones alrededor de año y medio hasta que los proyectos de ley necesarios para la selección de los nuevos funcionarios se han aprobados y entren en ejecución.
El constitucionalista Jorge Peñafiel asegura que mantener en funciones prorrogadas año y medio a las autoridades de control es demasiado tiempo además de que muchos de ellos están en condición de subrogantes.
Jossueth Almeida, Director de asuntos regulatorios de la Presidencia de la República defiende la nueva propuesta de esta pregunta ya que recoge los criterios dados por la Corte Constitucional y permite así que no quede fuera de la consulta popular.
Para el representante del Gobierno, es necesario que las autoridades queden prorrogadas en sus funciones el tiempo que sea necesario, ya que hay que ponerle un alto al proceso actual de selección que es decidido por cuatro consejeros y por comisiones de selección que no garantizan la idoneidad del mismo.
Para Andino, al recaer el proceso de selección en manos de la Asamblea, no garantiza que esté libre de la manipulación política como ha sido hasta ahora. Es más, dice que corre el riesgo de que empeore por el bloqueo que existe desde el Parlamento al Ejecutivo.
Desde su punto de vista es una contradicción del Presidente Lasso confiarle estas atribuciones al Legislativo más aún cuando quienes tratarían el tema son los actuales asambleístas y no un parlamento con número reducido de legisladores.
Jossueth Almeida asegura que la nueva propuesta contempla mecanismos de desbloqueo del legislativo al Ejecutivo en este tema.
