Por Gabriela Murgueytio – 02 de noviembre de 2022
La guerra que se ha desatado por parte de bandas criminales en contra del Estado ecuatoriano pasa por la ausencia de un plan concreto de seguridad ejecutable, la inexistencia de un verdadero sistema de inteligencia y contrainteligencia que funcione, la falta de recursos que fortalezcan operativamente tanto a Policía Nacional y a Fuerzas Armadas y la pérdida de control estatal en el sistema penitenciario, en ello coincidieron expertos en seguridad y en cultura y educación para la paz.
En el panel Cara y Cruz realizado en Sonorama, Patricio Acosta, militar en servicio pasivo indicó que desde las esferas del Gobierno no han entendido ni han dimensionado lo que significa que el Estado ecuatoriano, en este momento, se encuentra en medio de una guerra desatada por grupos criminales, irregulares, con la capacidad de organización y de posesión sin autorización de armas y municiones más sofisticadas que las que tienen las fuerzas estatales del orden.
Sin un verdadero plan integral de seguridad que contrarreste este accionar delictivo de muy poco servirá un estado de excepción por 45 días como lo ha decretado el Gobierno en Guayas y Esmeraldas señaló Leonardo Jaramillo, especialista en seguridad, quien además, mencionó que es gravísimo lo ocurrido este martes en Guayaquil y Esmeraldas, en donde los ataques de terrorismo delictivo comandados desde las cárceles, evidencian que el Estado perdió totalmente su capacidad de ejercer control sobre los centros de rehabilitación social del país.
Roberto Beltrán, Especialista en Cultura y Educación para la Paz, indicó que la estrategia integral de seguridad debería sobrepasar las fronteras porque hay un corredor de narcotráfico de México hasta Perú y la respuesta debería ser regional y más aún cuando las fuerzas del orden ecuatorianas se encuentran debilitadas no solo por la falta de armamento, sino también por la corrupción que las cruza transversalmente.
Para Patricio Acosta el país carece de un plan de inteligencia y contrainteligencia que le permita conocer las acciones de las bandas criminales, adelantarse a sus estrategias y bloquear sus operaciones.
Para desarrollar el plan de inteligencia, el Estado ecuatoriano podría servirse de las compañías de seguridad privada que están preparadas para la prevención del delito, cuentan con permisos para el uso y tenencia de armas, además de que cuentan en sus filas con más de 100. 000 personas
Respecto a las personas privadas de la libertad, Patricio Acosta señaló que las cárceles deberían estar en lugares aislados y no en medio de las ciudades, además de que tendrían que estar administrados por el sector privado.
Leonardo Jara millo discrepa con esa visión, pero sí sostiene que un sistema penitenciario bien manejado debería reconocer que hay detenidos que no van a poder rehabilitarse y para ellos debe haber centros de reclusión porque no van a poder reinsertarse en la sociedad.
