Por Gabriela Murgueytio – 22 de febrero de 2023
Luego de que el pasado 9 de febrero, la Corte Constitucional (CC) emitió la sentencia en la que dispone a la Presidencia de la República, que, en el plazo de tres meses, entregue el tercer producto del informe que realizó el perito Roberto Meza sobre el caso del General Gabela y que se extravió en manos del comité de ministros del correísmo, Patricia Ochoa, tiene la esperanza de que se cumpla con el fallo judicial y que con ello se pueda, tras 12 años, conocer los nombres de los presuntos autores intelectuales del crimen de su esposo.
Jorge Gabela murió el 29 de diciembre de 2010 tras un ataque a tiros que sufrió en su casa, en una urbanización de Samborondón, en Guayas.
Su familia vinculó su muerte a su denuncia contra la compra de helicópteros Dhruv durante el Gobierno de Rafael Correa.
Para conseguir el documento, la sentencia de la Corte ordena a la Presidencia de la República que conforme una comisión para que contacte al perito y obtenga una copia certificada.
Asimismo, Ochoa y la Defensoría del Pueblo tendrán 20 días para formular observaciones o consideraciones -en caso de que existan- solicitando aclaración o ampliación. Por su parte, el perito tiene un máximo de 30 días para absolver las mismas, contado a partir de la presentación de dichas observaciones.
Con este fallo, el organismo aceptó una acción extraordinaria de protección que interpuso la Defensoría del Pueblo en contra de una sentencia de la Corte de Pichincha dictada en 2018. Es esta se negó un recurso de apelación a un fallo de primera instancia que se refería a una acción de acceso a la información pública.
Con esa acción, Patricia Ochoa ha buscado durante años conocer el informe final sobre la muerte de su esposo cuya existencia ella asegura que sí es tangible pero su contenido fue manipulado y cercenado con protervos intereses
En la sentencia de 9 de febrero, la CC también declaró vulnerados los derechos de Ochoa y ordenó al Estado que brinde una reparación para ella y su familia.
También se notifica a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General para que investiguen y sancionen a los exfuncionarios responsables de la pérdida del informe.
Como reparación por la vulneración al derecho a la verdad, la CC ordenó que la Función Ejecutiva, en representación del Estado ecuatoriano, ofrezca disculpas públicas en el plazo máximo de un mes desde la notificación de la sentencia.
Las disculpas públicas para Patricia Ochoa, los familiares de Gabela y a ciudadanía, se deben hacer en un acto público por el manejo deficiente de la información alrededor del esclarecimiento de la muerte del general.
