Por Gabriela Murgueytio – 03 de marzo de 2023
Luego de dos postergaciones, pasadas a las 09:35 de este viernes, 03 de marzo, se instaló la audiencia de formulación de cargos en contra del expresidente, Lenín Moreno, y otras 36 personas en el caso Sinohydro en la que la Fiscal Diana Salazar pidió al juez que lleva la causa que dicte la prisión preventiva para todos los implicados a quienes acusó de cohecho, por presumir que recibieron sobornos por USD 76 millones por el contrato de Coca Codo Sinclair.
La fiscal motivó su pedido para precautelar la comparecencia al proceso y garantizar una reparación integral. La solicitud al expresidente Lenín Moreno, quien se encuentra residiendo en Paraguay, en donde ocupa un cargo como comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) en temas de discapacidad. Ecuador mantiene vigente un tratado de extradición con ese país.
La fiscal Salazar dijo que los movimientos migratorios históricos de todos los procesados permiten suponer que podrían escapar. Sin embargo, por pertenecer a la tercera edad, la Fiscal pidió sustituir esa prisión preventiva por arresto domiciliario para 14 procesados. Entre estos está el expresidente Lenín Moreno, su esposa, Conto Patiño, y Cai Runguo. La fiscal solicita que si se les concede esta medida se garantice su cumplimiento.
Con la finalidad de garantizar una eventual reparación integral a la víctima que en este caso, es el Estado ecuatoriano, Fiscal con base en el numeral 3 del articulo 549 del COIP solicitó adicionalmente las siguientes medidas a escala nacional: retención e inmovilización de cuentas de ahorros, corrientes, pólizas e inversiones que mantengan los procesados en el sistema financiero nacional. A escala internacional, solicitó la autorización para que desde Fiscalía se pida asistencia penal internacional a Suiza, España, China, Panamá, Paraguay, Estados Unidos y Belice, tendiente a retener e inmovilizar cuentas de ahorros, corrientes, pólizas de acumulación e inversiones que mantengan los procesados a su nombre en los bancos de los sistemas financieros de los países antes referidos.
También pidió la prohibición de enajenar bienes que posean dentro y fuera de territorio ecuatoriano.
Fiscalía presentó 225 elementos de convicción –individualizados para cada uno de los 37 investigados– para sustentar la formulación de cargos por presunto cohecho.
#ACTUALIZACIÓN | #FiscalíaEc presentó 225 elementos de convicción –individualizados para cada uno de los 37 investigados– para sustentar la formulación de cargos por presunto cohecho. Aquí algunos de estos ⬇️#FiscalíaContraElDelito pic.twitter.com/9HNScZIoJ4
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Moreno asistió a la diligencia, vía telemática.
Durante la audiencia, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar expuso sus alegatos acusatorios contra los implicados.
En su argumentación para la formulación de cargos, la fiscal Salazar señaló que, alrededor del proyecto Coca Codo Sinclair se cometieron actos ilícitos a cambio de dinero, canalizado a través de terceras personas y que inició con el proceso de licitación.
#ACTUALIZACIÓN | La fiscal general @DianaSalazarM2 agrega que, para cometer el ilícito, habrían utilizado tanto el sistema financiero nacional como el de otros países para –presuntamente– recibir y distribuir el dinero a todos los procesados. ⬇️ pic.twitter.com/BK9m7NGeRT
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La investigación ha permitido determinar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto Coca Codo Sinclair, que se habría beneficiado del 4% del total del valor del contrato, es decir de USD 76 millones.
De acuerdo a Salazar, el expresidente Moreno recibió dádivas a través de un departamento para su esposa, valorado en 220.000 dólares y 50.000 dólares para su hija Irina. Su hermano Edwin habría recibido USD 350.000. Su otro hermano, Guillermo Moreno habría recibido USD 10.000. Sus cuñadas USD 25.000.
El abogado de Moreno, Xavier Meza, niega que su cliente tenga que ver con los pagos hechos a modo de sobornos por la empresa china Sinohydro a cercanos a Moreno.
Meza sostiene que, a su defendido le pueden juzgar tranquilamente en ausencia ya que el delito del cual está acusado, que es cohecho, no prescribe.
Salazar agrega que, para cometer el ilícito, habrían utilizado tanto el sistema financiero nacional como el de otros países para –presuntamente– recibir y distribuir el dinero a todos los procesados mediante el pitufeo, conducta que consiste en depositar pequeñas cantidades de efectivo en diferentes cuentas de ahorros o corrientes, para evitar los controles de ley.
No menos de 60 abogados pertenecientes a la Fiscalía General, la Defensoría Pública, la Procuraduría y las defensas particulares de las 37 personas contra quienes se formulará cargos por el delito de cohecho asisten a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para intervenir. La diligencia se da de forma mixta, es decir, de forma presencial y vía telemática.
Concluida la intervención de Fiscalía, los abogados defensores de los 37 procesados presentan sus alegaciones sobre el pedido de medidas cautelares solicitadas por la fiscal Diana Salazar.
La historia empieza por la firma ecuatoriana Recorsa. El primer movimiento se habría dado 28 días después de que el Eximbank de China concediera el préstamo de financiamiento para que Sinohydro construya la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair: la empresa Recorsa abrió una cuenta en el Banco Pichincha Panamá. Era el 1 de julio de 2010.
Inicialmente, la empresa declaró que el flujo de dinero en esa cuenta sería de USD 1,5 millones. Sin embargo, a la cuenta de Recorsa en Panamá terminaron ingresando decenas de millones de dólares.
La Fiscalía cree que Recorsa fue utilizada para cobrar USD 76 millones a Sinohydro, como sobornos relacionados con Coca Codo Sinclair. Y que la cuenta en Panamá fue una ‘cuenta madre’ desde la que se repartieron las coimas a los beneficiarios finales.
De los USD 76 millones del supuesto soborno, hasta el momento, la Fiscalía ha logrado rastrear un poco más de USD 50 millones. Estos fondos terminaron en las cuentas de los beneficiarios finales, que están incluidos en la lista de los 37 investigados. Por ejemplo, en la lista aparecen Conto Patiño, sus cuatro hijos y su nieta. Todos vinculados a Recorsa. Parte del dinero que habría recibido esa familia se movió a través de una modalidad conocida en el argot del lavado de activos como ‘pitufeo’, conducta que consiste en depositar pequeñas cantidades de efectivo en diferentes cuentas de ahorros o corrientes, para evitar los controles de ley.
#ACTUALIZACIÓN | La Fiscal General añade que Conto P. habría recibido alrededor de 1,5 millones de dólares y que su grupo familiar, y sus colaboradores de la empresa #Recorsa también se habrían beneficiado de grandes cantidades de dinero. #FiscalíaContraElDelito
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