Fiscalía investiga presunto fraude procesal en el caso del femicidio de María Belén Bernal

Por Gabriela Murgueytio – 17 de octubre de 2022

 

Como parte de la investigación por presunto fraude procesal, relacionado con el caso del Femicidio de María Belén Bernal, la fiscalía ejecutó un operativo en el Centro de Privación de Libertad N. 3 de Quito, donde se encuentra recluida la cadete Joselyn Sánchez, para recabar información relevante para la causa, esto luego de que los abogados de la detenida, sostuvieron la semana anterior, de que ella habría rendido su versión bajo la presión de oficiales de alto rango de la Escuela Superior de Policía, quienes además, la habrían retenido en la institución diez horas contra su voluntad.

El artículo 272 del Código Integral Penal (COIP) establece que el fraude procesal se produce cuando la persona que con el fin de inducir a engaño a la o al juez, en el decurso de un procedimiento civil o administrativo, antes de un procedimiento penal o durante él, oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres
años. Con igual pena será sancionada quien conociendo la conducta delictuosa de una o varias personas, les
suministren alojamiento o escondite, o les proporcionen los medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido, o les favorezcan ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar su represión y los que, estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el examen de las señales o huellas del delito o el esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad, con propósito de favorecerlos.

Mientras tanto, este lunes se reunió por séptima vez la Comisión Ocasional por la Verdad, Justicia y Reparación del caso María belén Bernal creada en la Asamblea Nacional para esclarecer los hechos en torno al femicidio de la abogada de 34 años, ocurrido el pasado 11 de septiembre, en la Escuela Superior de Policía.

Estaba prevista la comparecencia de Henry Moscoso, abogado de la cadete Joselyn Sánchez, única procesada en el caso, pero informó que no podrá asistir por temas laborales. También debían asistir la fiscal Diana Salazar y el ministro del Interior, Juan Zapata y no lo hicieron.

El jurista Juan Pablo Albán asistió al llamado de las comisionadas y durante su exposición indicó que sí es preocupante la contradicción que en este caso ha mostrado el Presidente Guillermo Lasso al recular en su decisión de separar de sus cargos a los altos mandos policiales y al haberlos ratificado en sus funciones, cuando algunos de ellos podrían estar implicados por acción u por omisión en el femicidio.

Albán señaló que hubo errores de procedimiento en la Fiscalía y la Policía Nacional para evitar la fuga de Germán Cáceres, ya que pusieron a un policía a custodiar a otro policía que se vislumbraba como principal sospechoso del crimen.

La jurista Sybel Martínez también acudió a la comisión e indicó que estamos frente a un caso de indolencia, impunidad de parte del Estado y del Gobierno porque ha primado la decisión de proteger a la institución policial y sus integrantes por encima de la necesidad de llegar a la verdad, de hacer justicia y de que los responsables del femicidio paguen por su delito.

Además de que existe una justicia patriarcal en la que solo hay una cadete mujer judicializada cuando al interior de la Escuela Superior de Policía había muchísimos más oficiales presentes y también son responsables de lo que ocurrió.

A la comisión ocasional le quedan 15 días de trabajo y tiene previsto elaborar su informe final con lo recabado en las comparecencias y en las vistas in situ, el 01 de noviembre. El documento con las conclusiones y recomendaciones será conocido y debatido por el Pleno del Parlamento.