Por Gabriela Murgueytio – 22 de marzo de 2023
Que el pedido de juicio político a Guillermo Lasso nació enfermo por la serie de errores jurídicos que cometieron en la redacción del documento los legisladores en la Asamblea Nacional y que demuestra su desconocimiento de la normativa legal, es en lo que coinciden los juristas André Benavides, Lolo Miño e Ismael Quintana.
En diálogo con Sonorama, en el panel Cara y Cruz, la jurista María Dolores Miño indicó que el hecho de que los proponentes del enjuiciamiento al Primer Mandatario hayan citado mal los artículos de la Constitución y de la Ley Orgánica de la función legislativa, así como el apelar a normas ya reformadas en el Código Integral Penal (COIP), no solo que resta credibilidad al trabajo de los legisladores, sino que también hace que el proceso pierda peso y que se haya perdido semanas de trabajo.
En ese mismo sentido se pronunció el constitucionalista André Benavides quien sostiene que con estos vicios de procedimiento jurídico, el juicio político nació herido de muerte, pues si bien los errores de forma podrían afectar también el fondo de la solicitud. Para Benavides el tiempo para subsanar los errores ha precluido, además que la Ley Orgánica de la Función Legislativa no prevé corregir las equivocaciones sino completar algo que falte en el pedido.
En ello discrepan Miño y el constitucionalista Ismael Quintana puesto que, aseguran que la norma legislativa no es clara en los plazos.
Para Quintana la Corte Constitucional sí debería emitir un dictamen de admisibilidad del pedido de juicio político una vez que llegue a sus manos. Pero a su criterio la causal en la que sí ha incurrido Lasso es la de concusión y no la de peculado
Miño y Benavides coinciden en que, el presidente de la república no tiene limitaciones para activar el artículo 148 de la Constitución con el que puede disolver la Asamblea Nacional y que comúnmente se le conoce como muerte cruzada.
Quintana asegura que no se cumplen las condiciones que prevé la Constitución para que Lasso aplique la muerte Cruzada.
Una vez que la Asamblea remita el pedido de juicio político, los jueces de la Corte Constitucional tendrán un plazo de seis días para pronunciarse. Si el dictamen es favorable, la causa deberá ser sustanciada por la Comisión de Fiscalización, caso contrario se archivará.
