Por Gabriela Murgueytio – 27 de diciembre de 2022
El Consejo Nacional Electoral (CNE), sí cruza información con distintas instituciones como la UAFE o el SRI, para conocer el origen de los aportantes a las campañas electorales, pero esta información es reservada y no puede ser divulgada por mandato constitucional.
El pasado 21 de diciembre, en una entrevista concedida por el Presidente Guillermo Lasso a la cadena internacional de noticias NTN 24, el Mandatario volvió a denunciar la existencia de candidatos a las elecciones seccionales de 2023 vinculados al narcotráfico.
Si bien el Jefe de Estado, dijo que los candidatos involucrados con la narcopolítica pertenecen a diversos partidos y movimientos políticos, sí detalló que uno de estos últimos, es el partido del expresidente Rafael Correa.
No obstante, Lasso no ha presentado ninguna denuncia y explicó que lo hará cuando tenga todos los elementos probatorios en contra de las personas que estarían involucradas.
Frente a ello, en diálogo con Sonorama, Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), señaló que el Primer Mandatario debe poner la denuncia de sus aseveraciones en la Fiscalía General del Estado, caso contrario se convierte solo en una cortina de humo y en un intento de descalificar a sus opositores.
Además, Moscoso indicó que, aunque no hay denuncia formal de parte del Presidente Lasso, la Fiscalía y la UAFE deberían abrir de oficio una investigación.
Mientras tanto, la transparencia de las donaciones es, aún, un tema pendiente en el país ya que, aunque, la página oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), publica los montos que recibe cada organización, estos, son globales y no desglosados, es decir, no detalla quiénes son los aportantes, ni cuánto dinero donaron, ni el origen de los recursos.
Según José Luna, analista de financiamiento de las organizaciones políticas (CNE), la información sobre el listado de los aportantes sí constan en sus expedientes y es analizada haciendo un cruce de información con 10 instituciones públicas, como la UAFE o el SRI.
Pero, para la ciudadanía esos nombres están bajo llave. Luna, explica que el primer candado lo pone la Constitución, pues “existe una norma constitucional que resguarda el derecho de las personas a que su información no sea utilizada sin su autorización”, por lo tanto, aunque el CNE sí recibe la información, aquella no es pública para la ciudadanía. Lo que supone que no pueda ser contrastada.
Nicanor Moscoso dice que es imposible darle a los organismos electorales la competencia de realizar investigaciones y perseguir a los narcotraficantes aportantes a campañas de candidatos, cuando ni la policía ni los órganos de control que tienen personal capacitado para ello logran cumplir a cabalidad con esa función.
