Por Gabriela Murgueytio – 3 de abril de 2023
La Función Judicial tiene un déficit presupuestario de más de 265,6 millones de dólares. De estos, 92,9 millones corresponden a proyectos de inversión relacionados con la transformación tecnológica de la justicia, repotenciación de la infraestructura física y modernización del sistema notarial, es por esta razón que el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, presentó una acción de protección contra el presidente Guillermo Lasso.
El objetivo de presentar ese recurso jurisdiccional es exigir al Primer Mandatario la “asignación del presupuesto suficiente para que la Función Judicial pueda garantizar a los ciudadanos el servicio de justicia”.
La acción de protección también fue presentada contra el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena; y, el procurador del Estado, Juan Carlos Larrea, informó el juez Xavier Muñoz.
Estas declaraciones se dan en medio de cuestionamientos a los fallos judiciales de jueces que en el último fin de semana favorecieron a cabecillas de bandas criminales. Frente a ello, Terán fue escueto en su reacción.
Pero Ciro Guzmán, integrante del directorio del Colegio de abogados de Pichincha sostiene que la crisis de la función judicial no solo pasa por falta de presupuesto y que es necesario realizar una depuración del sistema de justicia en Ecuador
Según la Judicatura, actualmente existe un déficit de 692 jueces a escala nacional en todas las instancias jurisdiccionales.
En el país existen 1 978 jueces, es decir que la tasa por cada 100 000 habitantes, es de 11 jueces. “Esa cifra está por debajo de lo que se alcanzó en 2015, cuando la tasa era de 12,8 magistrados”, indicó esa entidad.
Además, el Presidente del CJ dijo que existe un déficit de USD 77,3 millones necesarios para que el Consejo de la Judicatura pueda cubrir las vacantes de jueces, conjueces, secretarios, ayudantes judiciales, gestores de archivo, citadores, etc.
La falta de recursos también provoca que no se haya podido ejecutar nuevos concursos para nombrar jueces y fiscales, ni tampoco los procesos de evaluación de los servidores judiciales a escala nacional. Para cumplir con estas tareas, se requiere más de USD 31 millones.
