Por Gabriela Murgueytio – 15 de agosto de 2022
La posesión de Raúl González como superintendente de Bancos se ha convertido en la manzana de la discordia de al menos tres funciones del Estado que mantienen discrepancias entre ellas y al interior de ellas.
Por una parte, está la Asamblea Nacional, cuyo presidente, Virgilio Saquicela, defiende lo actuado por los 70 legisladores, el pasado 11 de agosto que aprobaron la moción de posesionar a Raúl González, como titular de la Superintendencia de Bancos.
Saquicela aseveró que el Pleno legislativo cumplió con un mandato, luego de que se levantaron las medidas cautelares que frenaron -días atrás- la posesión de González. Además, manifestó Saquicela que el artículo uno de la resolución adoptada por el Legislativo, establece que desde ese día no se acatará la disposición de ningún juez del país que vaya en contra de lo aprobado por el pleno de la Asamblea y sus órganos administrativos.
Al interior de la Asamblea no solo que hay discrepancias por la posesión de dicho funcionario, sino que también empiezan a salir a la luz, presiones y chantajes que habrían recibido ciertos legisladores para votar a favor de la moción.
La asambleísta Jéssica Castillo, de Pachakutik, asegura que el correísmo presionó a legisladores de su bancada para que votaran a favor de la posesión de Raúl González como Superintendente de Bancos. Les pidió el voto a cambio de ellos apoyar la creación de la Universidad Amazónica.
Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización concuerda con Hernán Ulloa, Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en que los 70 asambleístas violaron una sentencia constitucional y por ello pueden ser sujetos de destitución.
Por otro lado, está el Gobierno quien, a través del Secretario de la Administración Pública, Iván Correa reiteró que desconocen a González como nuevo superintendente de Bancos y como tal, no le permitirán usurpar una función que no le corresponde ejercer.
La mañana de este lunes, Raúl González acudió a las instalaciones de la Superintendencia de Bancos y al encontrarla rodeada de un piquete de policías dio una rueda de prensa y advirtió que tomará acciones legales ante lo que considera un abuso de poder de parte del Ejecutivo.
Para Saquicela hay una maraña de intromisiones de una función del Estado en otra y que ahora le corresponde a la administración de justicia resolver a través de un amicus curiae solicitado con anterioridad por este tema.
