Por Gabriela Murgueytio – 29 de marzo de 2023
Es grande la expectativa en el país respecto al dictamen que den los nueve jueces de la Corte Constitucional al pedido de juicio político al Presidente Guillermo Lasso. A nivel jurídico, los criterios sobre lo que pueda suceder son coincidentes en unos aspectos y divergentes en otros.
En el panel Cara y Cruz realizado en Sonorama, los juristas Ximena Ron, Pamela Aguirre y Sebastián López emitieron sus criterios en torno al tema y también sobre la posibilidad de la muerte cruzada.
Para los tres juristas no cabe un dictamen ficto sobre la admisibilidad o no del juicio político en contra del Primer Mandatario. Es decir, la ley señala que la Corte Constitucional debe tener un pronunciamiento expreso de admitir o no el pedido que le fue remitido desde la Asamblea Nacional, dice Pamela Aguirre.
El no haber apoyado el proyecto de dictamen presentado por la Teresa Nuques no significa que haya tres jueces en contra del pedido de juicio político y 6 a favor. Este pedido de juicio político le da la oportunidad a la Corte para definir y perfeccionar el alcance de este instrumento Constitucional.
Lo ocurrido al interior de la Corte daría paso a que se mejore el proyecto de dictamen propuesto por Nueques para que pueda alcanzar el consenso de la mayoría del Pleno de la Corte, asegura la jurista Ximena Ron, quien además sostiene que, en caso de que el nuevo proyecto de dictamen de los jueces Lozada y Ortiz no tenga apoyo de nuevo, si podría extenderse el plazo, porque que se trata de una nueva propuesta de sentencia.
Los tres juristas coinciden en que la muerte cruzada es una facultad sin límites que le da el artículo 148 de la Constitución al Presidente de la República pero que no debería ejercerlo cuando la Asamblea Nacional está ejerciendo su labor fiscalizadora y más cuando hay presunción de actos de corrupción alrededor de la gestión del Mandatario.
Tanto el juicio político y la consecuente sucesión presidencial como la muerte cruzada van a ocasionar una grave inestabilidad política, económica y social, advierte López, pero a su criterio la disolución de la Asamblea Nacional sería la que peores consecuencias ocasionaría.
