Por Gabriela Murgueytio – 18 de agosto de 2022
La jueza María del Carmen Salazar Monteros admitió a trámite la acción de protección que planteó la asambleísta de Pachakutik (PK) Guadalupe Llori en contra del presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, y de los legisladores que integraron la comisión pluripartidista ad hoc que elaboró el informe que terminó por remover a Llori de la presidencia.
La decisión de la jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en Quitumbe se emitió la tarde del miércoles 17 de agosto.
Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional reaccionó este jueves y señaló que la acción de protección presentada por Guadalupe Llori por su destitución debe ser desechada porque es cosa juzgada.
No obstante, Saquicela denuncia que hay presiones que vienen desde el Gobierno y de parte del Consejo de la Judicatura para que la jueza que lleva la causa falle a favor de Llori.
Mario Ruiz de Pachakutik exige independencia de funciones y le pide q la justicia que deje de intervenir en el trabajo de la Asamblea Nacional.
La acción de protección se planteó el 5 de agosto en contra de Saquicela y los asambleístas Pedro Zapata (PSC), Pamela Aguirre (UNES), Peter Calo (PK-R), Lucía Placencia (ID) y John Vinueza (UE).
Con este recurso legal Guadalupe Llori pretende recuperar la presidencia de la Asamblea Nacional. Por ello, solicita ser reintegrada en el cargo como reparación integral y que se emitan disculpas públicas.
No solo eso, también pide que cada uno de los 81 asambleístas que votaron para su destitución le pague $ 100.000 por concepto de indemnización por haber afectado su buen nombre. Esto suma un total de $ 8,1 millones.
Para la Jurista, Paulina Araujo, la acción de Guadalupe Llori, se trata de un abuso de las medidas jurisdiccionales para obtener un beneficio personal.
Llori fue removida de la presidencia de la Asamblea el pasado 31 de mayo, luego de más de un año en funciones, a raíz de la denuncia que presentó el legislador del Partido Social Cristiano (PSC) Esteban Torres.
Una vez que la jueza Salazar aceptó dar trámite a la acción de protección convocó a los legisladores accionados a la audiencia pública a realizarse el lunes 22 de agosto, a las 14:30, de forma presencial.
