“Los comisionados de Fiscalización están violentando el debido proceso y el derecho a la defensa de Guillermo Lasso”, dice su abogado

Por Gabriela Murgueytio – 11 de abril de 2023

 

Édgar Neira, abogado del Presidente Guillermo Lasso ve con preocupación que, con cinco votos a favor, los integrantes de la Comisión de Fiscalización hayan negado los pedidos de prueba de oficio hechos por Fernando Villavicencio y Ana Belén Cordero dentro del proceso de juicio político que se tramita en contra del Primer Mandatario.

En diálogo con Sonorama, Neira señaló que lo ocurrido es una clara evidencia de que se están irrespetando las garantías básicas del debido proceso y con ello, se está violando el legítimo derecho a la defensa del Primer Mandatario.

Se tratan de 47 pedidos de prueba, vitales para que su defendido pueda desvirtuar su responsabilidad política en los hechos relacionados al contrato firmado por FLOPEC con Amazonas Tankers, en 2018 y para probar su inocencia en el presunto delito de peculado del que los legisladores de oposición Mireya Pazmiño, Pedro Zapata, Viviana Veloz y Rodrigo Fajardo acusan al Jefe de Estado

Neira indicó que si bien, el juicio político no es igual a un proceso jurisdiccional esto no les da carta blanca a los asambleístas para violentar la ley, para no singularizar las pruebas y para irse incluso, por encima de los estándares establecidos por la Corte interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Constitucional para un juicio político a un Mandatario.

En la defensa del Jefe de Estado se circunscribirán estrictamente al dictamen de la Corte Constitucional y por ello era importante que los proponentes presenten la singularización de pruebas para conocer con precisión los hechos que son los que van a servir de base para el juicio político, señaló el procurador del Primer Mandatario.

Neira reiteró que en esta etapa del juicio político en la Comisión de Fiscalización él sustanciará el proceso en representación del Presidente Lasso.

Además, indicó que hasta el domingo 16 de abril que vence el plazo de los 10 días que les da la ley, insistirán en el pedido de pruebas de oficio y también presentarán las pruebas de descargo para probar que no hay responsabilidad política de Lasso y que no ha cometido peculado. Los documentos que entregarán están en proceso de elaboración, indicó Neira.