Por Gabriela Murgueytio – 16 de marzo de 2023
Está listo el texto del pedido formal de juicio político en contra del Presidente Lasso por parte de las bancadas de oposición y varios legisladores rebeldes de algunas bancadas políticas al interior de la Asamblea Nacional, asegura la asambleísta Mireya Pazmiño de Pachakutik quien adelantó que las causales para interpelar al Primer Mandatario es el numeral 2, del artículo 129 de la Constitución que hace referencia a delitos contra la administración pública.
El Mandatario será acusado por omisión en una trama de corrupción en empresas públicas y la presunta operación de la mafia albanesa en Ecuador, dice Pazmiño.
En diálogo con Sonorama, Pazmiño, sostuvo que el principal problema que tiene Ecuador es Guillermo Lasso a quien calificó de “delincuente” sentado en la Presidencia de la República, razón por la cual debe salir del cargo por todas las vías constitucionales posibles, pero si no son posible, se hace necesaria la presión social en las calles, dice Pazmiño
Viviana Veloz, de Unes y Pedro Zapata del PSC serán los proponentes. La recolección de firmas de respaldo se da en el Pleno este jueves, aunque estas dos bancadas reúnen más de las 46 firmas de respaldo que se requieren.
Hasta el momento habría 62 firmas de UNES, PSC, independientes y de las fraccionadas Pachakutik e ID.
Los legisladores Mauricio Zambrano y Viviana Veloz, del correísmo, fueron las encargadas de pasar por las curules de sus asambleístas para recoger las firmas de respaldo.
Según el jefe de bloque del PSC, Esteban Torres, hay 25 pruebas que incriminan al Primer Mandatario con la comisión por omisión de los delitos de: peculado, concusión, cohecho y enriquecimiento ilícito estipulados por el 129 de la Constitución.
Pedro Velasco, del bloque oficialista insiste en que acusar a Lasso de comisión por omisión es un absurdo porque a nadie se le puede endilgar un delito cometido por otra persona.
El pedido de juicio político deberá ser calificado por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL). Según el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, esto se dará en un plazo de 72 horas.
Posteriormente, el expediente irá a la Corte Constitucional para un dictamen de admisibilidad.
