El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), expide el modelo de pliegos a través del cual se determinan las condiciones de participación para el procedimiento de adquisición de seguros, mismo que permite a las entidades contratantes tener la libertad de escoger de forma amplia y sin restricciones, María Sara Jijón , directora general del SERCOP, “estos pliegos que buscan también mayor transparencia, mayor eficiencia y de lógica en lo que es la contratación de seguros en el Ecuador, pero ¿cuáles son las bondades de estos nuevos pliegos?, la póliza es el contrato del seguro por lo que no hará falta firmar otro contrato, también (…) para este tipo de contrataciones se eliminan las garantías de fiel cumplimiento o anticipo porque la póliza de seguros ya es una garantía, no necesitamos una garantía sobre otra garantía”.

Además informó que el Sercop ya cuenta con operadores del sistema que están preparados para ser operadores del sistema nacional de contratación pública, lo que permite “que se hable de la contratación pública, se comprenda la contratación pública en todas las entidades contratantes que necesitan conocer, dominar y sentirse cómodos con el sistema y evitar los errores que se producen y que muchas de las veces hacen que se caigan los procesos”.

Con esto el Sercop busca generar una mayor concurrencia en las licitaciones de seguros, simplificar las condiciones de participación, generar oportunidades para más oferentes y conseguir que los riesgos en caso de siniestros estén debidamente cubiertos.

La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), presentó este 23 de septiembre 2021, la agenda de trabajo que proponen al Gobierno Nacional para tener una adecuada reactivación económica. Gary Espinosa, presidente.

“Esperamos que el Gobierno no se haga de oídos sordos y que realmente observe y digiera esta propuesta con el fin de que podamos encontrar soluciones a todos los problemas que tenemos en el país, sabemos el estado de la crisis que vive el país, por eso en esta propuesta estamos planteando salida a la crisis económica que vive el país (…) con el fin de que el presupuesto del Estado tenga una racionalidad en cuanto a sus ingresos como a su distribución”.

Luis Mullo, representante del sector campesino manifestó que es necesario que el Gobierno de apertura a un diálogo nacional.

La confederación plantea al Gobierno Nacional 29 puntos, entre ellos se destacan: Respeto a los derechos de la naturaleza; Soberanía alimentaria; Fortalecimiento organizativo; Interculturalidad; Agricultura familiar campesina; Trabajo en el marco de la diversidad; No a la concesión de empresas públicas; No a la minería en territorios ancestrales y fuentes de agua; Derogar el sistema de fijación de precios de los combustibles, entre otros.

Las organizaciones que forman parte de la Alianza por los Derechos Humanos y de
la Naturaleza presentaron una demanda de medidas cautelares contra el Estado
ecuatoriano por la vulneración de los derechos de los pueblos en aislamiento y de la naturaleza, por la construcción de una vía que atraviesa el Yasuní en bloque 43 y que se encuentra a escasos metros de la franja de amortiguamiento de la zona intangible.

Piden que a través de medidas cautelares, se detenga inmediatamente la construcción de la
carretera y plataformas ishpingo A, B, C, y D, en el corazón del Parque Nacional
Yasuní. Estos hechos podrían conllevar al exterminio de los pueblos indígenas
aislados Tagaeri y Taromenane, que habitan en esta región y cuya supervivencia
depende estrictamente de sus territorios, dijo Pedro Bermeo de Yasunidos.

Además responsabilizaron a las empresas trasnacionales. Esperanza Martínez del colectivo Acción Ecológica, dijo que estas compañías están funcionando donde no tienen autorización. “En esta área solo debe operar la empresa nacional pero por medio de contratos se está entregando a las empresas trasnacionales”.

La organización recuerda que el 10 de mayo del 2006, pidió al Estado ecuatoriano medidas cautelares a favor de los pueblos aislados Tagaeri, Taromenane y otros, y que en la actualidad el caso se encuentra en la Corte interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por las sistemáticas vulneraciones por parte del Ecuador a las medidas
establecidas por CIDH.

El apoyo del sector privado al Plan de Vacunación del Gobierno del Encuentro continúa a fin de avanzar y lograr la inmunidad comunitaria de la población. En ese sentido, la Industria Farmacéutica de Investigación e Innovación (IFI) donó al Ministerio de Salud Pública (MSP) jeringuillas, mascarillas y batas quirúrgicas.

El viceministro José Ruales, destacó esta nueva contribución y añadió que los insumos médicos siguen siendo importantes porque el proceso de vacunación no ha terminado.  “Estos insumos son necesarios, todavía tenemos por vacunar alrededor un millón 700 mil personas mayores de 16 años, un millón 300 mil de 12 a 15 años y esperamos avanzar entre el grupo de 6 a 11 años”.

De su lado el presidente Ejecutivo de IFI, Álvaro Maldonado, informó que está es la segunda contribución que realizan como organización. Agregó que más allá de un aporte es un reconocimiento al Gobierno por el exitoso plan de vacunación. “Un plan ambicioso que generó expectativas, un Gobierno con liderazgo que supo abrirse a la cooperación”

A su vez el viceministro de Salud, reconoció el apoyo del sector privado en la vacunación, añadió que la meta del 9/100 se cumplió gracias a su contribución. “Un millón 300 mil personas en cada fase fueron inoculadas, no solo trabajadores sino familia y comunidades, gracias a esas contribuciones que apoyaron hasta con la publicidad”.

Esta donación está valorada en USD $70.000 y se ha repartido 3 entidades del ministerio de Salud. Son 70.000 jeringas, 70.700 mascarillas quirúrgicas y 35.000 batas quirúrgicas descartables.

El juez del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, resolvió rechazar la denuncia en contra de Jorge Yunda por infracción electoral. Con esa decisión, el Alcalde se mantiene en el cargo, hasta que se resuelvan las nuevas causas.

La denuncia fue presentada por la abogada Jessica Jaramillo y la ciudadana Sara Serrano, argumentando que Yunda no cumplió con el proceso de remoción en su contra. Por lo que Jaramillo reaccionó: “Nosotros como ciudadanos hemos hecho lo que nos corresponde, ahora está en manos de los jueces, ellos tienen que hacer justicia para la ciudad”.

El pasado 3 de junio, 14 miembros del Consejo Metropolitano de Quito aprobaron la remoción del alcalde Jorge Yunda. Esa decisión se ratificó el 1 de julio por el TCE. Sin embargo, tras una serie de acciones legales, Yunda volvió al cargo y actualmente se desempeña como Alcalde de Quito.

En su sentencia, el juez Cabrera también decidió el archivo de la causa. Pero a decir del concejal Fernando Morales, aún hay procesos pendientes. “Yo he presentado una, el concejal Guarderas otra…esto no quiere decir que le han dado la razón a Yunda…se debe profundizar en los jueces”.

Tras conocer la resolución del Juez, Jaramillo indicó que apelará el fallo del TCE. “Yo he presentado una, el concejal Guarderas otra…esto no quiere decir que le han dado la razón a Yunda…se debe profundizar en los jueces”.

Además criticó al TCE, a su criterio se debería analizar qué tan oficiosa es una institución como contencioso electoral. “Yo he presentado una, el concejal Guarderas otra…esto no quiere decir que le han dado la razón a Yunda…se debe profundizar en los jueces”.

En el TCE aún se mantiene otra denuncia por infracción electoral muy grave, presentada por el concejal Santiago Guarderas. Él también argumenta que Yunda no acató la resolución sobre su remoción y añade que el proceso cumplió con todas las formalidades que establece la Ley. La audiencia para resolver esa denuncia se realizará el próximo jueves, 30 de septiembre a las 09:00.