Por unanimidad la Asamblea aprobó la Ley de Transformación Digital y Audiovisual

Por Lucía Clavijo – 19 de diciembre de 2022

 

 

Por primera vez un proyecto económico urgente enviado por el presidente Guillermo Lasso fue aprobado por unanimidad en el pleno de la Asamblea. Se trata de la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual, que fue presentada de esta manera por el Ejecutivo. 

Los 129 legisladores presentes en la sesión dieron su visto bueno el pasado sábado 17 de diciembre, a cuatro días de que termine el plazo que tenía el Parlamento para aprobar, modificar o negar esta propuesta, y en vísperas de la vacancia legislativa de 15 días que empezó este lunes 19 de diciembre. 

Uno de los principales ejes de esta nueva norma tiene que ver con incentivos para realizar filmaciones en el país y acoger producciones internacionales. Para Daniel Noboa, presidente de la Comisión de desarrollo económico encargada de tramitar el proyecto, esto le permitirá a Ecuador convertirse en un país más atractivo y competir con países vecinos. 

De igual forma se plantean beneficios tributarios para la importación de equipos de producción y crea un certificado de inversión por aportar a la industria audiovisual. Wilma Andrade, vicepresidenta de la comisión, explica que con ello se garantizará la seguridad jurídica de quienes decidan contribuir con recursos a la industria ecuatoriana. 

Para Nathalie Arias, legisladora oficialista, otro de los puntos principales de la ley es la digitalización de los servicios públicos y la conectividad de internet en zonas rurales. 

Sin embargo, durante el debate, existieron controversias por artículos incorporados a última hora como: la disposición para que en un plazo de seis meses se realice un nuevo concurso de notarios en el país propuesto por los legisladores Cristian Yucailla y José Chimbo  de Pachakutik. Hecho que generó críticas del oficialismo y el correísmo. 

La aprobación de este proyecto de ley fue el resultado del consenso previo alcanzado en una comisión mixta entre Ejecutivo y Legislativo, durante siete semanas, como parte de una nueva Ley de Inversiones, cuyo texto inicial fue negado por el Pleno hace 10 meses. Ahora, pasará al presidente quien tendrá 30 días para pronunciarse.