Por Gabriela Murgueytio – 3 de abril de 2023
Como estaba previsto, a las 14:00 y con la presencia de los 9 integrantes de la Comisión de Fiscalización se instaló la sesión en la que se avocó conocimiento del dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional al juicio político del Presidente Guillermo Lasso para la calificación del mismo, una vez comprobados el cumplimiento de requisitos.
Por unanimidad, con nueve votos a favor, el órgano legislativo calificó el enjuiciamiento al Jefe de Estado.
AL inicio de la sesión, el Presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio advirtió que todo el procedimiento se ajustará estrictamente a la Constitución de la República y a los artículos 90 y 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Además, dijo a los interpelantes que deberán ceñirse al presunto delito de peculado y a las pruebas referentes a ello que fue la causal por la que admitió el juicio político a Lasso la Corte Constitucional.
Roberto Cuero, de UNES indicó que no se trata de un juicio político cualquiera, sino que es de vital importancia porque es ahí donde está en juego el futuro democrático del país. 17´00: en ese sentido, dijo que rechaza que se les limite a pronunciarse únicamente respecto al supuesto delito de peculado
Ana Belén Cordero, vicepresidente de la comisión también indicó que no admitirá ninguna otra documentación o prueba distinta a lo dispuesto por la Corte Constitucional.
Bruno Segovia indicó que este juicio político es una prueba de que nadie debe estar por encima de la Ley. Asegura que Villavicencio está tomando partido a favor del Presidente Lasso, lo cual desde el inicio mina la imparcialidad el trabajo del órgano legislativo en este juicio político.
De acuerdo con Fernando Villavicencio, hasta este martes 4 de abril se notificaría sobre el proceso al presidente Guillermo Lasso y a los asambleístas solicitantes del juicio político (Viviana Veloz, Mireya Pazmiño, Pedro Zapata y Rodrigo Fajardo).
A partir de la notificación formal, que incluirá el informe de admisibilidad y la documentación remitida por la Corte Constitucional, empezaron a correr los plazos para procesar dicha solicitud.
