Por Gabriela Murgueytio – 21 de julio de 2022
La nueva mayoría en la Asamblea Nacional comenzó a operar algunos de sus planes que habían permanecido estancados. La tarde de este jueves, 21 de julio de 2022, asambleístas del correísmo y del ala radical de Pachakutik oficializaron el pedido de juicio político contra el ministro del Interior, Patricio Carrillo.
Jahaira Urresta de UNES señaló que este pedido cuenta con el apoyo de 57 firmas de las diferentes bancadas legislativas.
Peter Calo de Pachakutik, en diálogo con Sonorama, indicó que una de las causales para este juicio es el abuso del uso de la fuerza de la policía Nacional por orden de carrillo durante las protestas del movimiento indígena de junio pasado que dejó varios fallecidos, personas heridas y dirigentes judicializados, entre ellos, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza. Algo que a criterio de Calo no puede quedar en la impunidad.
Calo hizo un llamado a todos los asambleístas a apoyar en el pleno del Parlamento la censura y destitución de Carrillo.
Una vez que ha sido entregado el pedido a Gestión Documental de la Asamblea Nacional, tiene que pasar por el trámite de ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y luego, calificado y aprobado por la Comisión de Fiscalización.
Carrillo asistió este miércoles a la comisión de Permanente de Justicia y Estructura del Estado del Parlamento en donde defendió el accionar de la Policía Nacional durante las protestas. Ahí indicó que repelieron a los manifestantes más no los reprimieron.
Durante su comparecencia, Carrillo cambió su discurso y negó haber dicho que la protesta indígena fue financiada por el narcotráfico. Sin embargo, el Ministro Carrillo en varias ocasiones reiteró que el narcotráfico y los mercados ilegales apoyaron las protestas con 15 millones de dólares.
Según la Fiscalía, entre el 13 y el 28 de junio últimos, que se completó el decimosexto día de protesta, se abrieron 261 investigaciones previas y 29 instrucciones fiscales por distintas figuras penales a las que se adecuarían hechos ocurridos durante las movilizaciones. En total 290 procesos penales iniciados de oficio o por denuncias planteadas.
Pichincha en la Sierra y Pastaza en el Oriente son las provincias con más número de procesos abiertos por la Fiscalía. Entre ambas suman 95 causas en etapa reservada de investigación e instrucción fiscal, es decir, casi la tercera parte de los hechos que se habrían registrado en 20 de las 24 provincias del país.
En estas cifras aún no se incluyen los procesos que se hayan abierto por la quema de dos Unidades de Policía Comunitaria (UPC) ubicadas en el norte de Quito, ni tampoco las infracciones que se habrían generado en los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes en San Miguel del Común, en Calderón.
Chimborazo con 31 casos, Cotopaxi y Azuay con 27 y 25, respectivamente, y Orellana, en la Amazonía, con 23 causas, son las provincias que completan los 201 procesos abiertos del total de 290 indicados.
