Por Gabriela Murgueytio – 28 de abril de 2022
Guayaquil amanece este jueves 28 de abril de 2022, con cierre de vías por parte de integrantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE), quienes reclaman que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la Ley de Educación Intercultural que contempla, entre otras cosas, la equiparación salarial para el magisterio.
Desde muy tempranas horas, los manifestantes procedieron a cerrar la vía Perimetral con la quema de llantas, piedras, palos y con consignas en contra del Gobierno de Guillermo Lasso por haber vetado completamente dicho proyecto de Ley, por considerarlo inconstitucional, por lo que el tema no podrá ser tratado sino hasta después de un año, según la norma constitucional.
La iniciativa, aprobada por la Asamblea Nacional, incluía la equiparación salarial de los maestros.
El 9 de marzo de 2021 la Asamblea aprobó con 126 votos afirmativos el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). Entre otros aspectos, la norma aborda los derechos de los docentes del sector público, a través del mejoramiento en los procesos de promoción, de la jornada laboral, concursos de méritos y oposición, y las escalas remunerativas.
Según la reforma aprobada por los asambleístas, el sueldo de un maestro arrancará en 2,5 salarios básicos unificados, lo que equivale a USD 1 000. Ahora parte de algo más de USD 800.
Una de las observaciones que la Corte Constitucional fue que no se fijaba de dónde se obtendría el dinero para financiar el ajuste salarial de los maestros ni su nuevo régimen de jubilación.
El Ministerio de Finanzas del actual Gobierno argumentó que el monto era tan alto que, para cumplir con ese compromiso, instituciones como el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional tendrían que desaparecer.
En el documento enviado por el Ejecutivo a la Asamblea, el presidente Lasso indicó que los textos aprobados por el Legislativo transgreden los artículos 286 y 287 de la Constitución relacionados con las fuentes de financiamiento.
“La Corte Constitucional fue clara al establecer que en el trámite de formación de la ley se debe contar con un análisis de factibilidad financiera, en el que se identifique el esquema de financiamiento de las obligaciones”.
El Mandatario instó también a la Corte Constitucional, “que al resolver sobre la presente objeción, considere que exigir nuevamente a la Asamblea la rectificación de los textos conforme lo informado por la autoridad de las finanzas públicas, conduciría a un muy posible círculo vicioso donde la legislatura insistirá, basándose en razones políticas y no técnicas, en promulgar un proyecto de ley con estas características”
