Por Dennyss Salazar – 16 de Marzo 2022
El proyecto de ley que garantiza la interrupción del embarazo en caso de violación recibió el veto parcial del Ejecutivo. A través de un comunicado, el presidente Guillermo Lasso informó que se plantean 61 observaciones, que espera sean acogidas porque afirma así se respetaría el dictamen constitucional.
Argumento que fue deslegitimado por la legisladora de la ID, Johanna Moreira, ponente de la ley, quien afirma que el veto es incongruente, revictimizante e inhumano. “Lo que hace el presidente es desconocer la realidad de las niñas y adolescentes que se encuentran en un embarazo, colca limitantes y barreras, que no vamos a permitir”.
Y es que el veto presidencial plantea que se unifique el plazo de la interrupción, 12 semanas, para casos de violación en mujeres tanto del sector rural como del urbano con el fin de mantener la igualdad de condiciones. Algo que cuenta con el respaldo de Ricardo Vanegas, asambleísta de Pachakutik.
El presidente además establece requisitos para acceder al aborto por violación, entre ellos destaca una denuncia, la suscripción juramentada y un examen de salud que certifique que fue agredida sexualmente. Con lo que Moreira señala se continúa revictimizando a las mujeres.
Por lo que insiste que en la Asamblea buscará los 92 votos que se necesitan para ratificarse en el texto original. Aunque reconoce que es difícil por la situación actual del pleno.
El subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, aclara que el veto presidencial va más allá de creencias religiosas u opiniones personales. Aspira que se logre un acuerdo entre ambas funciones del Estado.
La Asamblea tiene un mes para analizar el veto de Lasso. El Pleno del Legislativo puede allanarse a sus sugerencias, con 70 votos, o ratificarse en las propuestas originalmente aprobadas, con 92.
