Vocales del Consejo de la Judicatura revelan que $11 millones le costará al Estado la “metida de mano a la justicia” desde el 2011 al 2018; piden el archivo del juicio político

“Van por el juicio político sin causal, aduciendo un incumplimiento que no existe. Entonces la verdadera intención es tomarse la administración de justicia para la impunidad de casos emblemáticos de corrupción y de crimen organizado”. De esta manera el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, se defendió del juicio político que este miércoles se instaló pasadas las 19h00 en el Pleno de la Asamblea Nacional. 

Junto a él llegaron los vocales Juan José Morillo y Ruth Barreno. En su intervención Murillo defendió la evaluación a los jueces de la corte nacional de justicia y rechazó que exista un secuestro en la justicia señalando las últimas acciones protección y habeas corpus que se han entregado en los últimos meses. 

“Jueces como el de Manglaralto, como el de Manabí se han prestado a servir intereses de políticos, pero esto se puede componer”, acotó. 

Además, se refirió a la gestión del antiguo consejo de la judicatura presidido por Paulo Ramírez y aseguró que en ese entonces la administración de justicia sí estaba cooptada por el poder político. 

Luego llegó el turno del vocal Juan José Morillo, quien también condenó la gestión de Ramírez y Gustavo Jalkh y denunció que la destitución y restitución de jueces en ese entonces le costará al país 11 millones de dólares. 

“Solo por las travesuras del señor Gustavo Jalkh al destituir jueces ha pagado USD 5,2 millones. Adicionalmente, tenemos todavía sentencias por pagar por más de USD 6,2 millones. Es decir, el chiste del tiempo de la metida de la mano a la justicia nos va a costar USD 11 millones”, señaló Morillo.

Asimismo, defendió el proceso de evaluación de jueces y reafirmó que este proceso no fue una decisión autónoma, sino que responde a un exhorto que nació en una consulta popular del 4 de febrero de 2018.

Maribel Barreno en cambio, aseguró que la principal prueba a su favor es la misma sentencia de la corte constitucional que la asambleísta viviana veloz ha presentado en su contra y solicitó el archivo de la investigación alegando que no se ha demostrado un incumplimiento de funciones.

Previo a ello, los dos interpelantes, Viviana Veloz de UNES y Luis Almeida del Partido Social Cristiano intervinieron. Veloz manifestó que posee más de cien pruebas de que los tres vocales tienen secuestrada a la justicia. Por lo que mocionó para que se censure y destituya a los funcionarios. 

De su parte, el legislador Luis Almeida se refirió a los audios divulgados en redes sociales y afirmó que indemnizar a los jueces cesados por la Judicatura le costará al país más de USD 7 millones. “Incurrieron en gravísimas infracciones estos señores del CJ. Existen audios reveladores. Es obvio que hubo irregularidades y violación de derechos”. 

Tanto Morillo como Barreno rechazaron que los asambleístas usaran audios obtenidos de forma ilegal, como parte de este proceso de interpelación. Negaron haber presionado a jueces por fallos judiciales.

El proceso se extendió hasta las 01:32 de este 1 de septiembre, cuando se suspendió la sesión y el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, anunció que se reinstalará a las 10:00, para escuchar la defensa de María del Carmen Maldonado; y continuar con el debate del proceso, que concluirá con la votación de la moción de censura y destitución. Se necesitan 92 votos.